RIO GRANDE.- Una nutrida movilización de beneficiarios de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) tuvo lugar este viernes frente a las oficinas de Río Grande en calle Perito Moreno. El encuentro, que contó con custodia policial preventiva, se desarrolló en un clima de fuerte malestar por las deficiencias administrativas y la falta de respuestas en la atención sanitaria básica de miles de usuarios.

La convocatoria reunió a unas 60 personas que buscaron dar visibilidad a una problemática que se extiende en el tiempo. Entre las denuncias más recurrentes aparecieron las interrupciones en el suministro de fármacos de alto costo, las dificultades burocráticas para gestionar asistencias diversas y los casos de internaciones con coberturas parciales que dejan al paciente en situación de vulnerabilidad.

En el marco de una jornada de reclamo pacífico, los presentes exigieron un trato humanitario para quienes atraviesan cuadros de salud complejos. La fachada de la institución se vio cubierta por carteles y pancartas donde se leían consignas referidas a la defensa de la salud pública y críticas hacia el manejo de los fondos del organismo, señalando que la falta de prestaciones pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

Uno de los crudos testimonios fue el de Camila Herrera, quien expuso la pelea judicial y administrativa que lleva adelante desde julio de 2025 por la medicación oncológica de su madre. La joven relató que, pese a contar con un recurso de amparo, la desatención es total, lo que obliga a la paciente a dosificar de forma deficiente su tratamiento ante la ausencia de suministros por parte del Estado.

Denuncia penal

En la manifestación también estuvo presente el abogado Walter Luciani, quien confirmó que se avanzará con una denuncia penal contra las autoridades correspondientes. El letrado argumentó que el Ejecutivo provincial es el responsable de designar a los directivos de la obra social y que existe un incumplimiento sistemático de los deberes de funcionario público ante la falta de respuestas a las dolencias de los afiliados.

Luciani denunció que, aun con fallos judiciales a favor, la OSEF no cumple con las prestaciones básicas. Mencionó el caso de un paciente que lleva días sin acompañante terapéutico ni servicios de enfermería en su domicilio pese a tener una orden judicial firme en su favor. Según el abogado, la estructura de votación interna del organismo impide que los representantes de los trabajadores tengan incidencia real, ya que el Gobierno mantiene siempre la mayoría en las decisiones.

Para organizar la acción legal, se dispondrán planillas de firmas en la sede de la asociación de trabajadores municipales, donde los afiliados podrán adherir a la presentación judicial. El abogado explicó que el objetivo es que la Justicia identifique a los responsables de la parálisis prestacional y que se garantice que los fondos de la seguridad social no sean desviados para otros fines ajenos a la salud.

Finalmente, el profesional cuestionó la supuesta connivencia entre sectores del poder político y judicial que dificultarían las sanciones contra los directivos. Adelantó que la denuncia penal será formalizada una vez que finalice el receso judicial de enero, mientras que la recolección de firmas para respaldar la presentación comenzará a mediados de la semana próxima.