La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) luego de inspecciones técnicas, auditorías contables y administrativas, y un extenso proceso de descargos. Aunque la resolución suspende la habilitación del puerto, garantiza la continuidad de los servicios esenciales para no paralizar la operatoria en un momento de intensa actividad turística y logística.

A continuación, los principales puntos que fundamentan la intervención, tal como surgen del informe oficial:

1. Uso indebido de fondos portuarios

Uno de los ejes centrales de la decisión es la afectación de recursos del Puerto de Ushuaia a fines ajenos a la actividad portuaria, en presunta violación al Convenio de Transferencia de Puertos Nación–Provincia de 1992.

Según la ANPYN, los ingresos generados por la operatoria del puerto deben destinarse exclusivamente a administración, mantenimiento, seguridad e inversiones en infraestructura. Sin embargo, se detectó que el superávit financiero del ejercicio 2024, estimado en unos 4.000 millones de pesos, fue transferido al Ministerio de Economía provincial para cubrir gastos generales, comprometiendo la capacidad del puerto para ejecutar obras indispensables.

2. Marco legal cuestionado por la Nación

Este punto se ve agravado por la sanción de la Ley Provincial N.º 1596, que habilita el uso de fondos portuarios para cubrir déficits de la obra social estatal.

Para el organismo nacional, esta norma resulta incompatible con el régimen portuario nacional y la Ley 24.093, ya que desvirtúa el destino específico de los recursos portuarios y debilita la autonomía financiera necesaria para sostener la seguridad y el mantenimiento de la terminal.

3. Deterioro estructural del muelle y la infraestructura

Las inspecciones realizadas entre fines de septiembre y comienzos de octubre de 2025 arrojaron un panorama preocupante en materia de infraestructura.

El informe técnico detalla un deterioro significativo del muelle comercial, especialmente en el Sitio 3, donde se constató faltante de pilotes, defensas severamente desgastadas, problemas en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica, elementos clave para el atraque seguro de buques de gran porte.

4. Falencias en seguridad operativa

La ANPYN también detectó graves deficiencias en los sistemas de seguridad, entre ellas:

• Sistemas de protección contra incendios obsoletos

• Señalización insuficiente

• Iluminación deficiente en sectores críticos

• Fallas en el drenaje pluvial

• Control inadecuado del tránsito pesado

Estas falencias impactan directamente en la seguridad de las maniobras, el atraque de buques y la operatoria de cruceros internacionales, en un puerto que concentra un alto flujo de pasajeros y cargas.

5. Baja inversión pese al alto nivel de actividad

Otro punto clave señalado por el organismo nacional es el escaso nivel de inversión en infraestructura. Según la auditoría, solo el 1,3% del presupuesto total fue destinado a mantenimiento y mejoras, una cifra considerada irrisoria frente al volumen de actividad del puerto y su carácter estratégico.

6. Desorden administrativo e inconsistencias contables

En el plano administrativo, la resolución menciona falta de registros claros y verificables, inconsistencias contables y debilidades en los procesos de compras y contrataciones, que no habrían sido debidamente corregidas durante el proceso de descargo.

Incluso, se cuestiona la tercerización de parte de la gestión administrativa en una empresa sin antecedentes en administración portuaria, lo que profundizó las dudas sobre la idoneidad, transparencia y control interno del organismo provincial.

7. Sistemas tecnológicos y de información deficientes

Finalmente, la ANPYN advirtió falencias en los sistemas tecnológicos, de comunicaciones y de seguridad de la información, incumpliendo estándares mínimos nacionales e internacionales exigidos para puertos de relevancia estratégica, especialmente aquellos vinculados a operaciones internacionales y a la logística antártica.

Intervención por 12 meses y control nacional

Frente a este escenario, el Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo de doce meses, prorrogables por acto fundado, asumiendo la gestión operativa, técnica y administrativa con el objetivo de garantizar la seguridad, la continuidad de los servicios y el ordenamiento integral del puerto.

Durante este período, la Prefectura Naval Argentina y otros organismos nacionales podrán reforzar los controles, mientras se evalúa la regularización financiera, la ejecución de obras estructurales pendientes y la normalización de la administración portuaria.