En declaraciones a FM Provincia, Aciar recordó que el Convenio de Transferencia Nación–Provincia de 1992 establece con claridad que los recursos generados por la actividad portuaria deben destinarse exclusivamente al funcionamiento, mantenimiento, seguridad e infraestructura del puerto. “La plata del puerto es para el puerto. No tiene nada que ver con autonomía ni con soberanía provincial; es una condición que la Provincia aceptó cuando recibió la administración”, explicó.

En ese marco, el abogado cuestionó la sanción de la Ley Provincial N.º 1596, que habilitó la utilización de fondos portuarios para otros fines, y consideró que la Legislatura no evaluó adecuadamente las consecuencias jurídicas y administrativas de esa norma. “Era previsible que esto trajera problemas. Se legisló sin respetar compromisos preexistentes y eso es grave”, señaló.

Aciar también hizo hincapié en la falta de controles internos y en el rol de los organismos provinciales. A su entender, si la Nación avanzó con auditorías y luego con la intervención, es porque los mecanismos de control locales “no funcionaron como debían”. “Si el Tribunal de Cuentas y los sistemas de control hubieran actuado a tiempo, probablemente no estaríamos hablando de una intervención nacional”, afirmó.

El letrado destacó que el debate debe correrse de la lógica de la confrontación política y centrarse en los hechos concretos. “No se trata de autoritarismo ni de una decisión caprichosa. Esto es una cuestión de fondos, de administración y de responsabilidad. Nadie interviene un puerto estratégico sin un motivo”, subrayó.

Finalmente, Aciar sostuvo que el proceso de intervención, previsto inicialmente por doce meses, deberá ser evaluado por sus resultados. “Si al final del período el puerto funciona mejor, habrá que reconocer que existían razones para intervenir. Y si no, se deberá revisar la medida. Pero hoy lo importante es asumir las responsabilidades y entender que este escenario no surgió de la nada”, concluyó.