Por: Ramón Taborda Strusiat

Durante más de treinta años, policías de la provincia de Tierra del Fuego realizaron sus aportes previsionales sin excepción. Mes a mes, el 13 % de sus salarios fue destinado a la Caja de Previsión de la Policía Provincial con la convicción de que, llegado el retiro, ese esfuerzo se transformaría en una jubilación digna y garantizada por ley. Hoy, lejos de ese horizonte, muchos de ellos atraviesan una situación que describen como tan injusta como humillante: no perciben sus haberes ni los aguinaldos que les corresponden por derecho.

 

Según denuncian esposas, pensionadas, hijos y familiares de policías retirados, la problemática no responde a errores técnicos ni a un colapso financiero inevitable. Por el contrario, sostienen que existe una lógica persistente y no escrita que rige el funcionamiento de la Caja: quienes cumplieron con sus obligaciones deben esperar; quienes toman decisiones, cobran en tiempo y forma.

 

“El mensaje es brutalmente simple”, señalan. La justificación que reciben, cuando llega, es que muchos jubilados cuentan con otros ingresos y que, por lo tanto, pueden subsistir mientras esperan. En la práctica, haber sido previsores, responsables y ordenados se convierte en un argumento para postergar pagos. La responsabilidad individual, lejos de ser reconocida, pasa a ser penalizada.

 

Mientras tanto, el directorio y los funcionarios que administran la Caja continúan percibiendo sus salarios completos, sin demoras ni ajustes, del mismo fondo previsional que hoy no cumple con jubilados y pensionados. La ecuación que describen los denunciantes se repite con crudeza: el que aporta espera, el que reclama incomoda, el que cumple resiste y el que decide cobra.

 

Desde el entorno de los retirados policiales rechazan de plano la idea de una crisis estructural. “No hay imprevistos, hay excusas; no hay demoras, hay desprecio; no hay falta de recursos, hay prioridades”, afirman. En ese sentido, cuestionan que se invoque la previsión social mientras, en los hechos, se practica una suerte de “selección social”, donde se define quién cobra y quién debe aguantar.

 

Las preguntas que surgen de este escenario aún no encuentran respuesta institucional. ¿Quién decidió que el ahorro previsional de un trabajador retirado podía transformarse en una fuente de financiamiento transitoria del Estado? ¿En qué normativa se habilita que más de treinta años de aportes deriven en el incumplimiento de la ley? ¿Cuántos meses sin cobrar son necesarios para que esta situación sea reconocida como abandono? ¿Quién asume la responsabilidad si un jubilado se enferma, se endeuda o muere esperando?

 

El reclamo también interpela la lógica de poder dentro del sistema: ¿por qué quienes administran nunca esperan, pero quienes sostuvieron la Caja durante toda su vida laboral sí? ¿La institución administra fondos previsionales o castiga a quienes confiaron en ella?

 

“La llaman Caja de Previsión”, expresan los familiares, “pero cuando cumplir se castiga y decidir no tiene consecuencias, lo único que se prevé es que los de abajo siempre esperen y los de arriba nunca falten a la fecha de cobro”.

 

En ese contexto, la palabra previsión empieza a perder su sentido original. Para quienes aportaron durante décadas con la expectativa de una vejez protegida, hoy suena cada vez más a ironía. El reclamo, silencioso pero persistente, no busca privilegios, sino algo mucho más básico: que se cumpla la ley y que el derecho adquirido no sea tratado como una concesión.