USHUAIA.- La reciente toma de control de la terminal portuaria local por parte de las autoridades nacionales, sacó a la luz una problemática que arrastra décadas de desinterés y falta de inversión. El escenario actual se explica por una serie de informes internos que fueron sistemáticamente ignorados, sumado a un desvío de partidas presupuestarias redirigidas hacia el sistema sanitario provincial en lugar de ser aplicadas a la infraestructura del muelle. Esta dinámica se mantuvo constante a través de diferentes mandatos, incluyendo los últimos seis años de la gestión actual, sin que se lograran revertir las fallas estructurales que hoy motivan la acción de la Casa Rosada.

El conflicto escaló rápidamente en el terreno político y generó una fuerte fricción entre la administración nacional y el Ejecutivo de Tierra del Fuego. Las autoridades de la provincia y las cúpulas gremiales calificaron la disposición como un atropello a la autonomía local bajo el argumento de que se trata de una intromisión en asuntos de exclusiva competencia regional. No obstante, el análisis minucioso del articulado que rige la actividad portuaria en el país plantea un panorama legal muy diferente al que esgrime la provincia.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional 24.093, las provincias tienen el derecho de administrar sus terminales e incluso pueden otorgar concesiones a empresas privadas para su explotación. Sin embargo, esta autonomía no es absoluta y encuentra un freno en las facultades reservadas al Estado federal. El texto normativo señala con claridad que las tareas de policía portuaria, el control del comercio exterior y la seguridad de la navegación son áreas que el Gobierno nacional no delega, independientemente de quién maneje el día a día de las operaciones.

En la práctica, esto implica que el Gobierno fueguino tiene la potestad de gestionar la operatividad del puerto pero está obligado a cumplir con los estándares de seguridad y eficiencia que la normativa nacional considera fundamentales.

La determinación de intervenir no se tomó de forma aislada ni fue una reacción sorpresiva frente a un hecho puntual. Existen registros de reclamos técnicos y denuncias administrativas sobre las condiciones críticas de la plataforma y los riesgos que esto representa para la actividad diaria. Estas advertencias pasaron de mano en mano entre distintas gestiones provinciales sin que se activara un plan de remediación serio para el mantenimiento edilicio.

A este panorama de abandono físico se le sumó la lupa sobre la ingeniería financiera de la administración portuaria local. La justicia y los organismos de control observan el traslado de recursos generados por el puerto hacia el área de salud pública, una maniobra que choca de frente con las exigencias legales de reinversión obligatoria en seguridad y tecnología portuaria. Del mismo modo, permanecen bajo la sombra de la duda varios proyectos de obras anunciados años atrás, como los destinados a la mejora de la operatoria de catamaranes, que nunca llegaron a materializarse de forma efectiva.

Estos incumplimientos afectan directamente los pilares que la ley deja bajo la tutela federal. Cuando la falta de mantenimiento pone en peligro el tráfico de embarcaciones o afecta el rol del puerto como puerta de salida para el comercio internacional, la normativa faculta a la Nación para tomar las riendas del asunto.

Bajo este análisis jurídico, la intervención se presenta como el desenlace de un proceso de degradación que no encontró respuestas a nivel local durante mucho tiempo. La interpretación de la ley es taxativa al respecto ya que la administración cotidiana puede estar en manos de la provincia, pero el control estratégico del sistema es una responsabilidad nacional que se mantiene vigente sobre todo el territorio.