USHUAIA.- La tensión entre la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y su principal prestador privado en Ushuaia sumó un capítulo de extrema gravedad. Adriana Inés Soria, directora en representación de los trabajadores activos, formalizó una denuncia ante el Directorio del organismo contra la Clínica San Jorge. El eje del reclamo apunta a una presunta conducta abusiva que restringe el acceso a la salud de los empleados públicos de la provincia.

El conflicto se originó tras una comunicación del centro de salud donde advertía posibles limitaciones en sus servicios. Sin embargo, la denuncia señala que en los hechos se implementó un tope de apenas siete turnos diarios para la atención ambulatoria de afiliados de OSEF. Según el documento presentado, esta medida se aplica de forma arbitraria, sin considerar la urgencia de los cuadros clínicos ni el orden de llegada, mientras que el resto de las prepagas y obras sociales mantienen su atención sin restricciones.

Soria remarcó que el convenio firmado en septiembre de 2025 obliga al prestador a brindar asistencia integral y equitativa. Al tratarse de un modelo de facturación donde la clínica cobra por cada prestación realizada, la directora sostiene que no existe ningún justificativo económico ni contractual para rechazar pacientes. Para la representante gremial, esta actitud representa un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por la empresa.

El escrito legal también hace hincapié en el abuso de una posición dominante en el mercado local de salud. Al ser uno de los pocos establecimientos con capacidad de internación y diagnóstico en la capital fueguina, la denuncia plantea que el sanatorio utiliza su peso institucional para imponer condiciones unilaterales. Esta situación, según Soria, deja en una posición de desprotección total a los trabajadores que aportan mensualmente para su cobertura médica.

En un tramo de fuerte contenido político, la vocal apeló a la responsabilidad de los representantes del Ejecutivo en el Directorio, Mariana Hruby y Gustavo García. Soria solicitó que se intime a la clínica a normalizar el servicio en un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de aplicar sanciones o rescindir el contrato. Además, instó a sus pares a abandonar la pasividad para evitar ser cómplices de un esquema que selecciona pacientes por rentabilidad económica.

Para reforzar su postura, la denuncia cita el legado ético de René Favaloro y su lucha contra las lógicas de lucro en la medicina. La presentación exige que cada director deje asentado su voto en actas, buscando que los afiliados sepan quiénes defienden efectivamente sus derechos ante lo que consideran un atropello por parte del sector privado. El petitorio final incluye el pedido de dictámenes jurídicos urgentes y la intervención de autoridades de control nacional y provincial.