USHUAIA.- La administración del puerto de la capital fueguina atraviesa una etapa de revisiones profundas que exponen una estructura de beneficios salariales y normativas internas difíciles de hallar en otros sectores del Estado. El foco de la controversia se centra en el convenio colectivo de trabajo, el cual ampara una escala de remuneraciones que parte de los 3 millones de pesos en los escalafones más bajos y escala hasta los 12 millones en el caso de las jerarquías más altas. A estos montos deben sumarse adicionales por horas extras que oscilan entre 1 y 1,3 millones de pesos cada mes.

El esquema de ingresos de los empleados se completa con un fondo estímulo que representa el 10% de la ganancia neta anual de la institución. Tomando como base la recaudación estimada para el año 2025, que rondó los 4.000 millones de pesos, se conformó una masa de 400 millones a repartir. Este beneficio alcanzó a una planta de 172 trabajadores, quienes percibieron un promedio de 2,3 millones de pesos adicionales. Si bien el pago de este concepto está pautado para el inicio del otoño de 2026, las autoridades aún no definieron cómo se ejecutará el desembolso.

Más allá del impacto monetario, la intervención puso la lupa sobre el sistema de contratación de nuevos agentes. El reglamento actual establece que cuando un trabajador de planta permanente se jubila o deja su puesto, la vacante es ocupada de manera automática por un familiar directo. Este método de designación prescinde de concursos públicos o de cualquier instancia de selección abierta que permita evaluar la idoneidad de los aspirantes.

Esta práctica consolidó un modelo de ingresos cerrado donde la mayoría de los nuevos integrantes son personas adultas que carecen de oficios previos o instrucción específica en la materia. Voces internas de la terminal advierten que esta dinámica de ingresos por herencia afectó severamente el profesionalismo operativo. La falta de perfiles técnicos capacitados para las tareas propias de la actividad portuaria derivó en un crecimiento desmedido de las áreas administrativas, que hoy se encuentran sobredimensionadas.

El diagnóstico de la situación actual también revela una llamativa multiplicación de direcciones y cargos de mando durante la última gestión. Se detectaron estructuras donde existen múltiples cargos jerárquicos asignados a dependencias que cuentan con muy poco personal a cargo. Esta configuración generó una asimetría evidente entre los niveles de responsabilidad real y la cantidad de empleados que componen la dotación efectiva de cada área.

Aunque las tareas en el muelle mantienen su ritmo habitual, la intervención avanza en el análisis de estas distorsiones. La discusión sobre el reparto de los recursos, la transparencia en los sueldos y la urgencia de profesionalizar el ingreso de personal ya forma parte de la agenda pública de la provincia.