En declaraciones en FM Provincia, Freites señaló que la intervención se llevó adelante sin la información necesaria ni el diálogo previo con las autoridades locales. “Más allá de la resolución, hay muchísimas situaciones que deben aclararse. Hoy no hay información oficial suficiente que explique con claridad qué se busca y cómo se va a avanzar”, afirmó.

La legisladora destacó el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia, al que definió como una pieza central para la soberanía nacional. “No es cualquier puerto: es la puerta de entrada a la Antártida y un punto clave en el Atlántico Sur, en un contexto geopolítico internacional complejo”, remarcó, al tiempo que advirtió que decisiones de este tipo no pueden tomarse de manera improvisada.

Freites también puso el foco en las consecuencias humanas y laborales de la medida. Denunció que la intervención se ejecutó de forma intempestiva, restringiendo el ingreso de trabajadores y generando un clima de incertidumbre y angustia en numerosas familias. “Hay trabajadores que no pueden presentarse en su lugar de trabajo por una decisión del Gobierno nacional, y eso es inaceptable”, sostuvo.

En ese marco, confirmó la presentación de un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación brinde explicaciones formales sobre los fundamentos, alcances y objetivos de la intervención. Además, ingresó un proyecto de resolución de rechazo a la medida, acompañado por legisladores de su bloque y de otros espacios políticos.

La diputada también advirtió que la intervención no puede analizarse de manera aislada, sino en un contexto más amplio de decisiones que —según expresó— afectan el federalismo y la institucionalidad. “Estamos viendo una serie de hechos que avanzan sobre las provincias y que merecen una discusión profunda y transparente”, indicó.

Finalmente, Freites llamó a encauzar el conflicto por vías institucionales y con información clara. “Defender el Puerto de Ushuaia es defender la soberanía, la autonomía provincial y el trabajo de cientos de fueguinos. Eso exige responsabilidad política y respeto por las instituciones”, concluyó.