USHUAIA.- Mientras Tierra del Fuego atraviesa un contexto de fragilidad social, marcado por haberes que corren detrás de la inflación y servicios estatales que muestran signos de agotamiento, la administración provincial activó una ingeniería jurídica que representa un gasto millonario. El Gobierno decidió avanzar en los tribunales contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) mediante el pago de 60.000 dólares en concepto de honorarios profesionales, los cuales se liquidarán en tres tramos.

La causa, identificada como el expediente FCR 000090/2026 en el Juzgado Federal de Ushuaia, se encuadra en lo que técnicamente se conoce como acción declarativa de inconstitucionalidad. Este tipo de planteo judicial busca que el magistrado se pronuncie sobre la validez de las normas federales en juego, pero carece de efectos prácticos inmediatos sobre la gestión del predio. No se trata de una medida que interrumpa la normativa vigente ni que restituya de forma automática la administración de la terminal a la órbita local.

Es importante destacar que el monto de los 60.000 dólares corresponde únicamente al inicio del proceso. Al tratarse de un compromiso de pago ya pautado en cuotas, la erogación no es una posibilidad a futuro sino una obligación financiera asumida por el erario público. Si se realiza la conversión al tipo de cambio oficial, la cifra supera los 80 millones de pesos, presupuesto que podría incrementarse de sumarse costas, apelaciones o nuevas etapas en un litigio que promete extenderse por varios calendarios.

El patrocinio de la demanda quedó en manos del constitucionalista Juan Carlos Cassagne, un referente de consulta permanente en el ámbito del derecho administrativo. Sin embargo, su renombre no modifica la naturaleza del reclamo, ya que una sentencia favorable en este tipo de acciones no garantiza una solución a las trabas operativas ni el manejo real de la logística portuaria por parte de la Provincia.

En los hechos, el Estado provincial utiliza recursos de los contribuyentes para costear un debate teórico sobre competencias de jurisdicción, mientras la terminal sigue bajo el esquema nacional que se consolidó tras un largo período de desinversión y omisiones políticas locales. Esta elección de prioridades en el presupuesto resalta frente a la realidad de los sectores de salud y educación, sumado a una obra social que arrastra deudas estructurales y un poder adquisitivo de los trabajadores que no logra cubrir la canasta básica total.

Actualmente, el proceso judicial se encuentra "en despacho", a la espera de definiciones procesales. La causa cuenta con el seguimiento del Ministerio Público Fiscal a través de la Unidad Fiscal Ushuaia, donde interviene la fiscal federal María Lía Hermida.