USHUAIA.- El marco normativo que rige la administración del Puerto de Ushuaia desde 1992 establece pautas estrictas sobre el destino de su recaudación. Este esquema legal fue ratificado por la Provincia al tomar el mando del ente, pero su cumplimiento entró en una zona gris a partir de la reciente intervención del organismo y las sospechas sobre el empleo de partidas presupuestarias para objetivos ajenos a la infraestructura portuaria.

Los registros del año electoral 2025 revelan que la Dirección Provincial de Puertos transfirió más de 4.000 millones de pesos al Ministerio de Economía y brindó soporte financiero a la cartera de Salud. Hasta el momento no existen informes públicos que transparenten el uso final de ese dinero, que fue movilizado en plena campaña para legisladores nacionales y durante la promoción de un proyecto oficialista de reforma constitucional valuado en más de 8.000 millones de pesos.

En ese mismo período la Legislatura provincial intentó dar una respuesta a la situación de OSEF mediante una ley aprobada por mayoría absoluta. La intención de los parlamentarios era auxiliar a una obra social devastada por la carencia de insumos básicos y la interrupción de prestaciones para pacientes oncológicos, un cuadro que lamentablemente derivó en fallecimientos de afiliados que no recibieron atención médica a tiempo por las demoras en las derivaciones y turnos.

A pesar de que la norma sancionada preveía utilizar los excedentes del Puerto para paliar la emergencia sanitaria de los trabajadores estatales, el Gobierno decidió no aplicar la ley. Los fondos que legalmente debían ir a la cobertura médica terminaron financiando otras dependencias del Poder Ejecutivo, consolidando un esquema de prioridades que privilegió la caja política por sobre la urgencia de los afiliados.

Respecto a las transferencias recibidas por el Ministerio de Salud, la opacidad informativa impide determinar si ese dinero se tradujo en beneficios reales para el sistema público. La ausencia de rendiciones de cuentas dejó planteados diversos interrogantes sobre la utilidad de esos movimientos de capital en un momento donde la demanda hospitalaria se encontraba en su punto más crítico.

La intervención del ente portuario y el agotamiento de esa fuente de ingresos extra generaron un impacto directo en las finanzas de Tierra del Fuego. El Ejecutivo comenzó a aplicar recortes en el envío de coparticipación a las intendencias, una maniobra que trasladó el ajuste a los municipios y desató un clima de fuerte confrontación política con los jefes comunales de las distintas ciudades.

El análisis de estos movimientos financieros vincula directamente los recursos del Puerto con el sostenimiento de un aparato político en un año de urnas y de una reforma de la Constitución que no refleja mejoras en el día a día de la población. Mientras tanto, la ley de auxilio a la obra social permanece como una letra muerta en los despachos oficiales.

La falta de claridad administrativa y el incumplimiento de lo votado por los legisladores reforzaron la idea de un Puerto utilizado como herramienta de financiamiento discrecional. Como consecuencia de este manejo, el puerto carece de obras de magnitud acordes a sus ingresos, la OSEF persiste en una agonía financiera y las administraciones locales deben afrontar la escasez de recursos por el recorte de sus ingresos coparticipables.