jueves 12 de marzo de 2026 - Edición Nº2654

Generales | 31 ene 2026

Por falta de pago

Le cortaron el gas a una oficina clave del sistema educativo fueguino

Mientras el Gobierno provincial recorta fondos, cuestiona a los municipios por los subsidios al gas y apela a la “solidaridad” como argumento de ajuste, una dependencia educativa clave en Río Grande continúa sin calefacción desde diciembre por falta de pago del propio Estado. El corte de gas expone una grave falla de gestión que paraliza funciones esenciales en pleno inicio del ciclo lectivo 2026.


La denuncia fue realizada por las vocales del SUTEF en la Junta de Clasificación y Disciplina, quienes advirtieron que el corte del servicio no solo continúa sin solución, sino que ya impacta de manera directa en el normal funcionamiento administrativo en pleno inicio del ciclo lectivo 2026.

El dato central no es menor: el corte se originó por falta de pago del Gobierno de la provincia y, a más de un mes, no hubo respuestas ni gestiones eficaces para restablecer un servicio básico indispensable en una ciudad con temperaturas extremas.

Un problema evitable que se volvió institucional

La Junta de Clasificación y Disciplina cumple un rol central en la organización del sistema educativo: allí se confeccionan listados, se evalúan antecedentes, se reciben inscripciones y se ordenan procesos que garantizan transparencia y equidad en designaciones y ascensos docentes.

Sin embargo, la falta de calefacción obligada por el corte de gas paraliza o dificulta funciones esenciales como:

  • La merituación de docentes titulares.

  • La preparación de listados para cambios de función y cargos jerárquicos.

  • La inscripción de docentes recientemente recibidos.

  • La revisión de legajos jubilatorios.

  • La organización del primer acto público de interinatos y suplencias 2026.

Desde SUTEF remarcaron que no se trata de un inconveniente técnico ni climático, sino de una consecuencia directa de la ausencia de gestión administrativa básica.

Condiciones laborales vulneradas

Además del impacto institucional, la situación vulnera derechos laborales elementales. La falta de calefacción afecta la salud del personal que presta funciones en el edificio y pone en riesgo la conservación de documentación sensible, archivos y legajos históricos.

“La desidia en resolver un corte de gas por falta de pago expone una grave irresponsabilidad en el cuidado del personal y del funcionamiento del sistema educativo”, señalaron las vocales gremiales.

Un conflicto local que afecta a toda la provincia

Aunque el edificio afectado se encuentra en Río Grande, la Junta de Clasificación y Disciplina es un organismo de alcance provincial. Por eso, la falta de funcionamiento pleno repercute en docentes de toda Tierra del Fuego, que ven comprometidos derechos fundamentales como:

  • Ascensos jerárquicos.

  • Designaciones por cambios de función.

  • Participación en actos públicos.

  • Inscripción en listados permanentes.

El inicio del ciclo lectivo encuentra así a un organismo clave funcionando de manera precaria, no por falta de recursos materiales extraordinarios, sino por una deuda impaga del propio Estado.

El contraste con el discurso oficial

La situación cobra mayor relevancia política si se la analiza en el contexto actual. Mientras el Gobierno provincial cuestiona a los municipios por la continuidad de subsidios al gas GLP para vecinos sin red domiciliaria, y los acusa de falta de solidaridad, una oficina pública provincial permanece sin gas por no haber pagado la factura.

El contraste deja al descubierto una gestión que exige esfuerzos a terceros mientras no garantiza servicios básicos en sus propias dependencias.

Desde SUTEF exigieron al Ministerio de Educación la reconexión inmediata del suministro y la adopción de medidas urgentes que aseguren condiciones laborales dignas y el normal funcionamiento institucional.

El corte de gas no es un hecho aislado: es el síntoma de una forma de gestionar donde la falta de previsión, el atraso en pagos y la ausencia de respuestas terminan afectando derechos, servicios públicos y la confianza en el Estado.

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