De acuerdo al relevamiento oficial, al 31 de diciembre de 2024 había en el país 121.443 personas privadas de la libertad (PPL), lo que equivale a una tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes. Se trata del nivel más elevado desde que existen registros, en un contexto donde la expansión del encarcelamiento no logró ser acompañada por una infraestructura suficiente.

El informe advierte que cinco provincias superan ampliamente el promedio nacional. Córdoba encabeza el ranking con casi 377 PPL cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267). Estas cifras reflejan un crecimiento sostenido del uso de la prisión como respuesta central del sistema penal.

En los últimos 25 años, la población carcelaria creció a un ritmo promedio del 6 % anual, con la única excepción de 2020, cuando el número descendió producto de las medidas adoptadas durante la pandemia. Sin embargo, en 2024 el aumento fue aún más pronunciado y alcanzó el 7,1 %, profundizando la presión sobre establecimientos ya saturados.

Desde el CNPT explican que, a nivel nacional, los sistemas penitenciarios funcionan al 130,2 % de su capacidad, lo que implica que hay 130 personas alojadas en espacios pensados para 100. Pese a que varias provincias ampliaron plazas carcelarias durante el último año —entre ellas Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán—, esa expansión no logró revertir la sobrepoblación estructural.

“Buena parte de los nuevos establecimientos recibió personas que se encontraban detenidas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no redujo de manera significativa la cantidad de personas alojadas en dependencias policiales, que apenas se estabilizó”, señala el documento.

El crecimiento de la población carcelaria muestra, además, fuertes asimetrías regionales. En la última década, la cantidad de personas detenidas en cárceles aumentó un 67,7 % a nivel nacional, pero con picos mucho más altos en algunas jurisdicciones. Santa Fe registró el incremento más marcado, con un 244,8 %, seguida por Santiago del Estero (138,2 %) y Córdoba (116,6 %), provincias que más que duplicaron su población penitenciaria entre 2015 y 2024.

En cuanto a la situación judicial, el informe indica que el 62 % de las personas privadas de la libertad se encuentra condenada, mientras que el 37,3 % permanece procesada, es decir, sin sentencia firme. No obstante, existen marcadas diferencias entre provincias: Neuquén presenta el mayor porcentaje de personas condenadas (99,6 %), mientras que en Formosa (51 %), Córdoba (49 %), Buenos Aires (43 %) y Misiones (39 %) se registra una elevada proporción de detenidos sin condena.

Respecto a los delitos, la mayor parte de la población carcelaria está detenida por causas vinculadas a delitos contra la propiedad, que representan el 36,4 % del total. Le siguen los delitos contra las personas (21,7 %) y los delitos contra la integridad sexual (20,5 %).

El diagnóstico del CNPT se suma a las alertas que vienen realizando organismos de derechos humanos y especialistas en política criminal, quienes advierten que el aumento sostenido del encarcelamiento, sin reformas estructurales ni alternativas penales eficaces, profundiza las condiciones de hacinamiento, deteriora la situación humanitaria en las cárceles y tensiona todo el sistema de seguridad y justicia del país.

EN TIERRA DEL FUEGO