“Pasó de todo en el puerto… empecemos por la intervención y por qué la intervención”, planteó al inicio de su análisis. Para Coto, la resolución que dispuso la medida se sostiene en “una cantidad de irregularidades que no se resolvieron”.

Auditoría “compleja” como disparador

El senador aseguró en FM Provincia que el proceso se apoya en una auditoría extensa y técnica: “Hubo una auditoría bastante compleja, de más de 60 páginas, en la que se describieron todos los problemas que tenía el puerto”. Enmarcó ese documento dentro del control vinculado a la actividad portuaria y al convenio de transferencia de 1992, mediante el cual el Estado Nacional transfirió infraestructura portuaria al Estado provincial.

En ese contexto, fue tajante al señalar la falta de reacción: “Evidentemente, no han tomado ninguna carta en el asunto en lo que respecta a esas irregularidades”.

“Papeles, administración y seguridad”: las fallas que enumeró

Coto diferenció tres tipos de irregularidades: documentales, administrativas y de seguridad. Y dentro de estas últimas afirmó que se detectaron situaciones “graves”.

“Algunas son de papeles, algunas son administrativas, y algunas son de seguridad; y en el caso de seguridad, en algunos casos son graves”, sostuvo. Como ejemplos, enumeró:

• “La alarma de ‘hombre al agua’ que no funciona”

• “Problemas en el acceso al agua para incendios”

• “Falta de escáneres”

• “Pilotes destruidos”

• “Áreas que no están funcionando bien, con problemas edilicios”

Y remarcó: “La lista sigue”.

“No hubo respuesta” y llegó la intervención

Para el senador, el punto clave fue la falta de respuestas del esquema provincial: “Esa auditoría no tuvo ninguna respuesta por parte de la Dirección Provincial del Puerto”, afirmó, y en función de eso concluyó que “la Administración Nacional intervino”.

En esa línea, también interpretó que existió un problema político de fondo: “Hay una voluntad política por parte de la provincia de no tener un diálogo institucional con el gobierno nacional”, expresó.

Medida inédita y “obligación” de corregir

Coto reconoció el impacto institucional de la decisión: “¿Puede sonar una medida fuerte? Sí, porque lo es… es una medida de fondo muy profunda y que no sucedió nunca”. Sin embargo, agregó que también es excepcional el volumen de problemas acumulados: “La acumulación de irregularidades no había sucedido nunca”.

Consultado sobre cómo puede seguir operando el puerto si existen falencias, señaló que la lógica de una intervención es corregir y cerrar: “La intervención tiene la obligación de empezar a resolver todos esos problemas”, indicó. Y fue más allá: “Las intervenciones son temporales. Una intervención exitosa es una intervención que termina. Si no termina, es un fracaso”.

Según su planteo, la intervención debe avanzar con “un plan de reparaciones” y “un plan de saneamiento administrativo”, utilizando “los recursos del puerto para resolver los problemas que tiene el puerto” y luego “devolverlo a la administración de la provincia, saneado”.

Desmentida sobre el interventor y aclaración sobre el ingreso

Coto también negó versiones mediáticas que atribuían la intervención a Juan Avellaneda: “Avellaneda no es el interventor”, sostuvo, y remarcó que “en la resolución está claro” quién es el responsable designado.

Finalmente, explicó el alcance formal de la medida: “No está intervenida la DPP; está intervenida la infraestructura portuaria”. Y justificó que el ingreso al sector operativo quede restringido a personal afectado por razones de seguridad, comparándolo con un aeropuerto o una frontera: “Del otro lado solo puede estar quien está afectado a trabajar allí”.