En declaraciones radiales por FM Provincia, Villegas sostuvo que la medida dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación es “arbitraria, ilegal e inconstitucional”, al tiempo que apuntó contra el gobernador Gustavo Melella por no haber instruido al Fiscal de Estado para llevar el reclamo directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“El artículo 167 de la Constitución provincial es claro: cuando está en juego el patrimonio de la provincia, debe intervenir el Fiscal de Estado”, afirmó el legislador.

Villegas remarcó que la Nación carece de facultades para intervenir un organismo provincial y recordó que la Ley Nacional 24.093 solo otorga al Estado nacional el poder de policía portuaria, pero no la atribución de intervenir administraciones provinciales.

“Pueden suspender o cancelar habilitaciones, pero no apropiarse de un organismo ni de los recursos que pertenecen a los fueguinos”, subrayó.

Críticas al Gobierno provincial

Si bien dejó en claro que no avala la intervención nacional, Villegas también fue crítico con la gestión provincial y con la conducción de la Dirección Provincial de Puertos. Señaló que existen falencias visibles en materia de infraestructura y cuestionó decisiones políticas que, según dijo, “contribuyeron a chocar la calesita”.

“Defender el puerto no significa defender malas gestiones. Los responsables políticos de esta situación son quienes hoy conducen el puerto y la provincia”, advirtió.

En ese sentido, reclamó al gobernador que abandone las confrontaciones ideológicas y priorice una salida institucional al conflicto.

“Esto no se resuelve con chicanas ni con gestos infantiles. Se resuelve con alta política institucional: sentándose con el Presidente de la Nación y, en paralelo, accionando judicialmente donde corresponde”, sostuvo.

Pedido concreto y advertencia

Villegas insistió en que el camino correcto es instruir al Fiscal de Estado para que actúe ante la Corte Suprema y, de no ocurrir, anticipó que impulsará un proyecto de resolución para que sea la Legislatura la que ordene esa acción.

“La institucionalidad se defiende siempre, no solo cuando conviene. No podemos elegir qué normas respetar según la coyuntura”, afirmó.

Finalmente, alertó sobre el riesgo de que el conflicto siga escalando.

“Si no se actúa con responsabilidad, esto puede derivar en hechos de violencia o represión. El mayor responsable de generar y resolver esta crisis es el gobernador”, concluyó.