La estrategia judicial del Gobierno de Tierra del Fuego para frenar la intervención del Puerto de Ushuaia sufrió un revés determinante. Un dictamen del fiscal federal con asiento en Ushuaia dejó sin margen de maniobra al Juzgado Federal local, al sostener que no tiene competencia para intervenir en el planteo impulsado por el Ejecutivo provincial. Con esa definición, el conflicto quedó, en los hechos, fuera del ámbito judicial fueguino y pasó a la órbita exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El pronunciamiento de la Unidad Fiscal fue contundente. Señaló que, al tratarse de una controversia entre un Estado provincial y un organismo nacional, la competencia corresponde de manera originaria al máximo tribunal del país, tal como lo establece la Constitución Nacional. En consecuencia, el juzgado federal de Ushuaia solo puede dictar una resolución formal declarándose incompetente y ordenar la remisión del expediente a la Corte.

En ese mismo marco, la fiscal federal Candela Fernández Núñez descartó de plano la posibilidad de conceder la medida cautelar solicitada por la Provincia. Según el dictamen, acceder al pedido de suspender la intervención del Puerto implicaría resolver el fondo de la cuestión, algo jurídicamente improcedente para un tribunal que carece de competencia para entender en el caso.

Pero el dictamen no se limitó a una cuestión técnica de jurisdicción. También dejó expuestas falencias de fondo en la presentación del Gobierno provincial. Entre las observaciones más relevantes, la fiscal advirtió que la acción judicial debió haber sido promovida directamente por la Fiscalía de Estado, el órgano constitucionalmente habilitado para representar legalmente a la Provincia en litigios de esta naturaleza. Ese error de origen debilitó aún más una demanda que ya había sido cuestionada en sus aspectos formales.

El resultado inmediato es un cambio de escenario que juega en contra de los tiempos políticos del Ejecutivo fueguino. Una vez que el juzgado formalice su declaración de incompetencia y remita las actuaciones, el expediente deberá atravesar el extenso recorrido propio de la Corte Suprema: admisión, registro, traslado a las partes y eventual intervención de la Procuración General. Un proceso sin plazos breves ni definiciones rápidas.

Mientras tanto, la intervención del Puerto de Ushuaia continúa plenamente vigente. La ausencia de una cautelar del máximo tribunal —una medida excepcional— implica que el acto administrativo cuestionado sigue produciendo efectos. En términos concretos, el dictamen fiscal no solo cerró la puerta del juzgado local, sino que consolidó un escenario donde el tiempo se convierte en un factor clave a favor de la continuidad de la intervención.

Así, lejos de fortalecer la posición del Gobierno provincial, la presentación judicial terminó exponiendo errores estratégicos y formales que derivaron en un traspié institucional de alto impacto. La disputa ahora quedó en manos de la Corte Suprema, un terreno donde las definiciones suelen llegar tarde y donde, por ahora, la Provincia corre desde atrás.