“Es una paradoja muy fuerte: Río Grande, que supuestamente iba a contar con un puerto, se quedó sin puerto propio, y ahora también Ushuaia. La provincia prácticamente se queda sin puertos”, sostuvo el jefe comunal en FM Aire Libre, al marcar el impacto estructural que tiene la intervención en el desarrollo fueguino.

Perez fue claro al señalar que la medida adoptada por Nación constituye una intromisión directa sobre un patrimonio provincial. “Esta es una decisión política del Gobierno nacional. Es una medida ilegítima, ilegal y que ataca a los fueguinos. Un puerto que es nuestro no puede ser intervenido de esta manera”, afirmó.

No obstante, el intendente amplió el enfoque y planteó que la defensa del puerto también exige orden interno y responsabilidad en la administración. “No hay que darle al Gobierno nacional la excusa para avanzar sobre lo que nos pertenece. Y eso se logra con buena gestión, eficiencia en el gasto y planificación”, remarcó.

En ese sentido, diferenció la necesidad de ordenar las cuentas públicas de cualquier ajuste extremo. “Ordenarse no es pasar una motosierra ni hacer un ajuste salvaje. Es ser prudentes, equilibrados y claros en el uso de los recursos, que son el esfuerzo de todos los fueguinos”, explicó.

Perez también expresó su preocupación por la situación laboral de los trabajadores portuarios. “Lo primero que me preocupa es la continuidad laboral y el cobro en tiempo y forma de los salarios. Hay mucha inquietud, no solo en Ushuaia, sino también en trabajadores de Río Grande”, señaló.

Finalmente, advirtió que la debilidad administrativa abre la puerta a decisiones externas. “Si mostramos desorden, ineficiencia o falta de planificación, dejamos grietas por donde el Gobierno nacional avanza. Defender lo nuestro también implica gestionar bien”, concluyó el intendente, marcando una postura crítica tanto hacia Nación como hacia las responsabilidades internas de la Provincia.