La solicitud fue encabezada por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien en los últimos días mantuvo una intensa ronda de negociaciones con distintos espacios políticos para consolidar los votos necesarios. Según confirmaron fuentes parlamentarias, el oficialismo ya tendría asegurados al menos 37 votos, el número mínimo requerido para abrir la sesión.
Uno de los datos políticos relevantes del pedido es la exclusión del debate sobre la reforma de la ley de Glaciares, un tema que genera fuertes resistencias y en el que aún no están cerradas las negociaciones con otros bloques. De este modo, su tratamiento quedaría postergado para la última semana de febrero.
El eje central de la sesión extraordinaria será la reforma laboral, uno de los proyectos clave del Gobierno nacional. La iniciativa contempla modificaciones profundas al régimen de trabajo vigente y abre un debate de alto impacto político, económico y social.
Entre los principales puntos del proyecto se destacan:
Cambios en el sistema de indemnizaciones, con nuevas modalidades que buscan reducir los costos de despido para los empleadores.
Modificaciones en la jornada laboral, incluyendo la posibilidad de extenderla bajo nuevos esquemas.
Creación del banco de horas, que permitiría compensar horas trabajadas sin el pago de horas extras.
Limitaciones a los juicios laborales, con el objetivo de reducir la litigiosidad.
Reformas a la ley de Asociaciones Sindicales, que impactan en el funcionamiento y representación gremial.
Sin embargo, el punto que concentra mayores tensiones es el capítulo impositivo, ya que incluye una reducción de tributos coparticipables que afecta directamente a las provincias.
En paralelo al debate laboral, el Gobierno mantiene abiertas negociaciones con los gobernadores, que reclaman compensaciones por la rebaja del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas —del 35% al 31,4%— y por el impacto que tendría el nuevo régimen de inversiones, que contempla reducciones en IVA y Ganancias con efecto directo sobre los ingresos provinciales a partir de 2027.
El reclamo de los mandatarios provinciales se vincula no solo a la caída de recursos, sino también al contexto político: ese año coincide con elecciones locales en muchas jurisdicciones.
Desde el Gobierno sostienen que el esquema impositivo es una pieza clave para incentivar la contratación de empleo formal y reducir el trabajo no registrado, que en Argentina supera el 40% desde hace décadas. No obstante, aún no está definida la fórmula de compensación que permita destrabar un acuerdo definitivo con las provincias aliadas.
De aquí al miércoles 11, el oficialismo continuará las negociaciones para cerrar los cambios finales al proyecto. Según anticipó Bullrich, las modificaciones podrían conocerse recién en la previa de la sesión o incluso durante el propio debate en el recinto.
Con una agenda cargada y fuertes intereses en juego, la sesión extraordinaria promete convertirse en uno de los debates más relevantes del inicio del año legislativo, con impacto directo en el mundo del trabajo, las finanzas provinciales y el equilibrio político dentro del Senado.