USHUAIA.- El sistema de salud provincial enfrenta una semana de máxima tensión tras la determinación de las farmacias de suspender la atención a los afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). La medida de fuerza, que ya se hace sentir en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, responde a una deuda acumulada que se arrastra desde agosto de 2025 y que pone en jaque la solvencia de los comercios del rubro.

Ángel Paliza, referente de la firma propietaria de la cadena Farmatotal, brindó precisiones sobre el desfasaje económico en diálogo con Radio Provincia. El empresario detalló que el organismo estatal, mediante la gestión de FACAF, mantiene impagos los servicios desde hace seis meses. Si bien reconoció que hubo un desembolso parcial recientemente, aclaró que la semana pasada se recibió un adelanto del 75% correspondiente a octubre, pero que aún permanecen pendientes los meses de agosto y septiembre, además del resto de las obligaciones acumuladas.

La parálisis del servicio alcanzó un punto de no retorno debido al volumen de la deuda y al impacto directo en la comunidad de Tolhuin, donde los locales afectados cubren prácticamente la totalidad de la demanda. Sobre este punto, Paliza manifestó que el monto adeudado es de una magnitud tal que los obligó a adoptar una postura que calificó como odiosa por el hecho de abastecer a casi todos los habitantes de dicha localidad y al 100% de los beneficiarios.

El cese de la atención comenzó a regir de manera escalonada en el territorio provincial. Según el cronograma brindado por los farmacéuticos, el corte se hizo efectivo en la capital fueguina el lunes de la semana anterior, mientras que en la zona norte de la isla, específicamente en Río Grande, la restricción comenzó a implementarse a partir del lunes.

Uno de los disparadores del malestar en el sector fue la presunta arbitrariedad en la distribución de los recursos por parte de la administración de la obra social. El socio gerente denunció que el conflicto se precipitó cuando la entidad estatal envió fondos únicamente a una sola farmacia de la provincia, dejando al resto de los prestadores sin respuestas ante sus reclamos financieros.

La incertidumbre sobre el futuro de la prestación se apoya en una lógica de mercado básica que afecta la operatividad diaria de los establecimientos. El representante del sector planteó un interrogante sobre la viabilidad de cualquier organismo que pretenda funcionar sin percibir sus ingresos desde agosto de 2025 hasta la fecha actual, en febrero de 2026.

A la asfixia económica se suma la ruptura de los canales de comunicación institucionales con las autoridades competentes. Paliza lamentó que no cuentan con un interlocutor válido y que la única persona con la que mantienen contacto asegura no recibir instrucciones ni soluciones por parte de la conducción de la OSEF, lo cual impide cualquier instancia de diálogo para destrabar el conflicto.

En términos comparativos, el escenario con los restantes financiadores de salud es diametralmente opuesto. Los farmacéuticos destacaron que mantienen una relación regular y sin inconvenientes con otras obras sociales o empresas de medicina prepaga, lo que resalta la excepcionalidad y gravedad del incumplimiento estatal.

Pese a la dureza de la medida, los prestadores sostienen que su intención no es llevar la disputa al plano judicial, sino lograr una recomposición de los pagos que permita restablecer el normal funcionamiento del sistema. Los farmacéuticos expresaron que no buscan escalar el conflicto sino acercar posiciones, pero que decidieron cortar el suministro debido a que ya no pueden seguir financiando la deuda. El reclamo final es contundente y exige que el Estado comience a cancelar lo adeudado para garantizar la sustentabilidad del servicio y la atención de los pacientes.