En declaraciones públicas cargadas de enojo y tono defensivo, Murcia intentó desacreditar los argumentos técnicos que justificaron la intervención nacional, pero evitó responder la pregunta central que hoy atraviesa el debate: por qué, después de años de gestión, el Puerto llegó a una situación tan frágil que permitió avanzar con una medida extrema.

El ex funcionario rechazó de plano los cuestionamientos sobre seguridad e infraestructura, calificándolos de “barbaridades” y “relatos”, aun cuando el puerto continúa operando con estructuras deterioradas, reclamos históricos de inversión y una situación financiera cada vez más ajustada. La defensa cerrada del funcionamiento “normal” contrasta con los propios datos que circulan en el ámbito portuario y con el diagnóstico crítico que derivó en la intervención.

Murcia también denunció que la Nación estaría apropiándose de recursos que pertenecen a la Provincia, pero no explicó por qué durante su gestión no se avanzó en un esquema sólido de autonomía financiera, reinversión de ingresos ni planificación de largo plazo. Tampoco dio precisiones sobre cómo se controlaron, auditaron o priorizaron los fondos generados por una de las áreas estratégicas más importantes de Tierra del Fuego.

El ex titular de Puertos apuntó contra legisladores nacionales y cuestionó reuniones con autoridades de la Administración Nacional de Puertos y Navegación, pero eludió cualquier autocrítica sobre el rol del Gobierno provincial. En ese silencio aparece también la figura del gobernador Gustavo Melella, cuya administración no logró anticiparse a la crisis ni evitar que el Puerto quedara expuesto a una intervención externa.

Mientras el conflicto avanza hacia la Justicia y los recursos siguen bajo control nacional, la discusión ya no pasa solo por la constitucionalidad de la medida, sino por las responsabilidades políticas de quienes administraron el Puerto durante años sin resolver problemas estructurales.

La bronca de Murcia no alcanza para tapar una realidad incómoda: el Puerto de Ushuaia llegó a este punto con decisiones —y omisiones— que hoy nadie del oficialismo provincial logra explicar con claridad.