Lo que en las primeras horas del sábado intentó presentarse como un acto de desesperación social terminó quedando expuesto como una maniobra organizada con claros fines políticos. Un grupo reducido de personas protagonizó un intento de ocupación de un terreno que, lejos de responder a una necesidad habitacional genuina, se desactivó de manera inmediata cuando se conoció la verdadera titularidad del predio.

El episodio ocurrió durante la mañana del sábado, cuando tres mujeres que se presentaron como madres solteras sin posibilidades de continuar alquilando arribaron de manera intempestiva a un terreno, acompañadas por un grupo de hombres que actuaban de forma organizada. Estos últimos trasladaron hasta el lugar, mediante fletes, el esqueleto de una vivienda precaria, con la intención de montarla rápidamente en el predio y consolidar la ocupación.

Las mujeres afirmaban que el terreno pertenecía al Municipio de Río Grande y sostenían que se “tomarían el lugar para vivir”, argumento que comenzó a circular con rapidez en redes y grupos de mensajería, alimentado por referentes vinculados a una agrupación política que en reiteradas oportunidades protagonizó protestas contra la gestión municipal en distintos sectores de la ciudad.

Ante la situación, vecinos del lugar dieron aviso a la Policía, que junto a otras autoridades se hizo presente en el predio. En el lugar se constató la presencia de una decena de personas, entre ellas las tres mujeres, que en un primer momento manifestaron su decisión de no retirarse.

Sin embargo, el escenario cambió de manera abrupta cuando se confirmó un dato clave: el terreno no pertenece al Municipio de Río Grande, sino que se encuentra bajo dominio del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH). Si bien el espacio figura catastralmente como proyectado para uso municipal, nunca fue transferido formalmente por el organismo provincial, por lo que sigue siendo jurisdicción del Gobierno de la Provincia.

Fue en ese momento cuando quedó al descubierto la verdadera intencionalidad de la maniobra. Al conocerse que no sería el Municipio quien intervendría, sino un organismo provincial, las personas involucradas decidieron retirarse del lugar sin ofrecer resistencia, desactivando por completo la supuesta ocupación.

La rápida retirada evidenció que no se trataba de una acción impulsada por la urgencia habitacional, sino de una movida coordinada, con logística previa, vehículos, materiales preparados y un relato instalado de antemano, orientado a forzar un conflicto político y responsabilizar al intendente de un supuesto desalojo.

Más aún, trascendió que algunos de los participantes tendrían vínculos laborales con el Estado provincial, lo que refuerza la lectura de una acción planificada que se desmoronó cuando el eje del conflicto dejó de apuntar a la gestión municipal.

La situación social y económica que atraviesan muchos vecinos de Río Grande es real y profunda. El encarecimiento de los alquileres y la dificultad para acceder a una vivienda golpean a cientos de familias que día a día hacen esfuerzos genuinos para salir adelante. Pero utilizar esa realidad como escenografía para una operación política deja en evidencia lo más bajo de ciertas prácticas: el aprovechamiento, la manipulación y la falta de escrúpulos.

La “usurpación” anunciada no fue tal. Fue, en cambio, una puesta en escena que se cayó por su propio peso, dejando expuesto a un grupo de pseudo dirigentes que intentaron capitalizar la angustia social para beneficio propio. Cuando el terreno dejó de servir al relato, la protesta se evaporó.