La disputa por el control del Puerto de Ushuaia sumó en las últimas horas un capítulo de alto voltaje político e institucional. A través de una nota formal enviada al gobernador Gustavo Melella, la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego comunicó su decisión de no asumir la representación judicial de la Provincia en la causa iniciada contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo creado por el Gobierno nacional.

El documento, fechado el 5 de febrero de 2026 y rotulado con “carácter muy urgente”, deja constancia de que la Fiscalía no fue convocada oportunamente a definir la estrategia legal y que no comparte el modo en que se promovió la acción judicial, pese a coincidir en la necesidad de cuestionar la medida nacional que dispuso la suspensión de la habilitación del puerto y la intervención de su infraestructura, gestión operativa, técnica y administrativa.

En el texto, el fiscal de Estado Virgilio J. Martínez de Sucre señala que el organismo tomó conocimiento formal de la presentación judicial recién el 29 de enero, cuando la acción ya había sido iniciada por el Ejecutivo provincial. A partir de allí, expone una serie de divergencias sustanciales: desde la oportunidad de la demanda, el órgano que debía promoverla, el acto administrativo cuestionado y hasta el tribunal ante el cual debía tramitarse.

Pero el punto más delicado del escrito aparece cuando la Fiscalía advierte que algunas de las cuestiones involucradas en la causa están actualmente bajo investigación del propio organismo, lo que —según se remarca— comprometería el ejercicio de una defensa técnica plena. Esa situación llevó a una decisión de alto impacto: excusarse de intervenir en el proceso judicial, tanto el fiscal firmante como los restantes agentes de la Fiscalía de Estado.

Para evitar eventuales nulidades o cuestionamientos procesales, el organismo recomienda habilitar de manera urgente los mecanismos previstos en la Ley Provincial Nº 3, sugiriendo la designación de un fiscal “ad hoc” que reúna las condiciones legales necesarias para ratificar lo actuado y continuar la acción sin riesgos formales.

El trasfondo del conflicto no es menor. La intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional es considerada por el Ejecutivo fueguino como una grave afectación a los intereses estratégicos de la Provincia, tanto en términos económicos como políticos y geopolíticos. Sin embargo, la falta de una estrategia jurídica consensuada y el corrimiento de la Fiscalía de Estado exponen una fractura interna en un momento clave del litigio.

Más allá del resultado judicial, el episodio deja al descubierto una tensión institucional inédita, donde el Gobierno provincial avanza en soledad frente a Nación, mientras su principal órgano de control y representación legal toma distancia y deja constancia escrita de profundas diferencias.

Un conflicto que recién empieza, pero que ya muestra que la pelea por el Puerto de Ushuaia no solo se libra en los tribunales federales, sino también puertas adentro del propio Estado fueguino.