El juez federal Sebastián Casanello procesó este martes a Héctor Martínez Sosa, empresario del sector asegurador y figura central del llamado "escándalo de los seguros", junto a su firma Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A., por su rol como partícipe necesario en delitos vinculados a negociaciones incompatibles con la función pública. La medida incluyó el embargo de $416.546.348,81 en bienes y dinero.
La decisión alcanza también al exadministrador de la residencia presidencial de Olivos, Hugo Rodríguez, quien habría facilitado encuentros privados entre el empresario y el entonces presidente Alberto Fernández, sin dejar constancia oficial, lo que según el fallo judicial constituyó un “plan criminal”.
El escándalo estalló en 2023 con allanamientos en oficinas vinculadas a Martínez Sosa y con la revelación de una foto en Olivos, donde se lo ve reunido con el expresidente. Según consta en la causa, Rodríguez permitió el ingreso informal de Martínez Sosa y su esposa, María Cantero (entonces secretaria de Fernández), el 7 de agosto de 2020, episodio que fue retratado en una imagen incorporada como prueba judicial.
La Justicia determinó que hubo un uso irregular del Decreto 823/2021, firmado por Fernández, que obligaba a todos los organismos del Estado a contratar exclusivamente con Nación Seguros S.A.. A partir de allí, se direccionaron millonarios contratos hacia ciertos brokers y empresas, sin licitaciones y con el pago de comisiones en perjuicio del Estado.
Además de la firma de Martínez Sosa, fueron procesadas otras personas jurídicas por no haber evitado la comisión de los delitos y por no aplicar controles internos eficaces:
San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales
→ Beneficio indebido: $2.022 millones
San Germán Seguros S.A.
Bachellier S.A.
Según la resolución, todas “toleraron las conductas desplegadas por sus autoridades y no implementaron sistemas efectivos de prevención de ilícitos”.
La maniobra fue detectada en múltiples provincias. En el caso de Tierra del Fuego, una denuncia del abogado penalista Jorge Pintos expuso un esquema local que replicaba y agravaba el modelo nacional. Allí, el gobernador Gustavo Melella rescindió un convenio con el Banco de Tierra del Fuego —que históricamente administraba los seguros provinciales— y habilitó sin licitación la intervención de Martínez Sosa como único asesor en materia de seguros.
El caso fue denunciado en el Juzgado de Instrucción N°2 de Ushuaia pero archivado sin investigar, hecho que el propio Pintos calificó como “bochornoso”. Según el letrado, la estructura en la provincia “fue más burda que en Nación” y permitió al empresario embolsar millones sin control.
Con Alberto Fernández ya procesado, junto a su entorno más cercano, y con el avance sobre empresas privadas y funcionarios intermedios, la causa suma nuevos capítulos que podrían extenderse a otros niveles del Estado. Casanello dejará el Juzgado Federal N.º 11, y la investigación quedará a cargo de otro magistrado, aunque con todos los imputados bajo la lupa del fiscal Carlos Rívolo.