“La moneda está en el aire, pero hay mucho en juego para los trabajadores”, sostuvo el dirigente, al señalar que la norma afectará derechos centrales como el régimen de vacaciones, el cálculo de indemnizaciones y la posibilidad de reclamar ante abusos laborales.
Rivarola advirtió en FM del Pueblo, que muchos legisladores que deberán votar el proyecto “no saben lo que es fraccionar vacaciones, esperar cuatro o cinco años para cobrar una indemnización o tener que aceptar condiciones impuestas sin margen de discusión”. Y agregó: “Van a levantar la mano sin sentir en carne propia lo que sufre un trabajador cuando le modifican estas reglas”.
Uno de los puntos que más cuestionó es la posibilidad de dividir el período vacacional. “Imaginate que tengas siete días ahora y otros siete el mes siguiente, y que esa decisión no la tome ni el trabajador ni el gremio, sino que la habilite una ley votada por alguien que no va a vivir esa situación”, ejemplificó.
En relación con las indemnizaciones, sostuvo que la reforma podría empeorar los tiempos y condiciones de cobro. “Hay compañeros que ya esperan años para cobrar lo que les corresponde. Si encima se habilita el pago en cuotas, el perjuicio es doble”, indicó.
También criticó el denominado “banco de horas”, al considerar que su aplicación en pequeños comercios será difícil de controlar. “En una gran empresa tal vez se pueda supervisar, pero ¿cómo le reclamás a un kiosco 24 horas que te debe cuatro horas trabajadas? El trabajador queda expuesto”, planteó.
El dirigente mercantil cuestionó además la extensión de los períodos de prueba en sectores como el servicio doméstico y el trabajo agrario, y la falta de reconocimiento pleno de relación de dependencia para trabajadores de plataformas digitales. “Se están legalizando esquemas que consolidan precarización”, advirtió.
Consultado sobre el respaldo público expresado por la Cámara de Comercio de Ushuaia a la reforma, Rivarola respondió con dureza. “Le pregunto a la Cámara, a los diputados y al Gobierno: ¿qué empleo nuevo se crea fraccionando vacaciones o reduciendo indemnizaciones?”, cuestionó.
Si bien reconoció que dentro del sector empresario hay distintas posiciones, afirmó que “muchos están esperando que la modificación les dé alguna ventaja sobre el obrero”. En ese sentido, sostuvo que el argumento de la “industria del juicio” es utilizado como “campana publicitaria para instalar que los trabajadores son los culpables”, cuando en realidad “hay compañeros que deben esperar cinco años para cobrar lo que les corresponde”.
No obstante, coincidió parcialmente en que el debate estructural debería centrarse en una reforma tributaria que alivie la carga impositiva, aunque remarcó que eso no justifica modificar derechos laborales. “La discusión de fondo puede ser tributaria, pero no se puede avanzar quitando derechos para compensar otros problemas”, señaló.
Rivarola sostuvo que el proceso legislativo aún no concluye y que el movimiento obrero continuará manifestándose. “Todavía queda camino por recorrer, falta Diputados y luego la reglamentación. Estamos preparados para resistir y dar la discusión artículo por artículo”, afirmó.
Y concluyó con una definición política: “Tenemos que tener más trabajadores en el Congreso. El que vote estas leyes debería saber lo que significa perder vacaciones, indemnización o el derecho a reclamar”.