BUENOS AIRES.- El recinto del Senado de la nación es el escenario donde se define la suerte de la reforma a las leyes del trabajo enviada por el Ejecutivo nacional. La propuesta de La Libertad Avanza busca establecer un nuevo paradigma en el vínculo entre empleadores y asalariados, sumando un régimen de regularización impositiva y cambios en el esquema de representación gremial. Pocas horas antes de la sesión, Patricia Bullrich, en su rol de titular de la bancada oficialista, confirmó alteraciones en el articulado que ya contaba con el respaldo de las comisiones.

Antecedentes parlamentarios

Este proceso parlamentario tuvo su inicio formal el pasado 17 de diciembre, cuando representantes del sindicalismo, cámaras empresarias y funcionarios del gabinete nacional expusieron sus posiciones en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Trabajo. Las modificaciones que se discuten ahora impactarán de forma directa en la liquidación de haberes, el cálculo de las bajas laborales y la dinámica de las jornadas de descanso.

Esquema salarial y divisas

Respecto a la remuneración, el articulado abre la puerta para que los salarios se abonen en moneda extranjera, siempre bajo la premisa de la opcionalidad. Cabe destacar que, tras negociaciones con sectores de la oposición, se dio marcha atrás con la intención de permitir el depósito de haberes en billeteras virtuales. Asimismo, se introduce la "negociación dinámica", una figura que habilita a pactar beneficios adicionales por fuera del convenio colectivo si se cumplen metas de rendimiento o productividad.

Cálculo de indemnizaciones

El nuevo esquema también contempla un recorte en el monto de las indemnizaciones. De aprobarse, el cómputo para los despidos dejará afuera ítems como el sueldo anual complementario, las vacaciones y los premios no mensuales. Por otra parte, las sentencias judiciales por conflictos laborales pasarán a ajustarse por el índice inflacionario más un 3% anual, terminando con la discrecionalidad de los magistrados. En este punto, las empresas contarán con planes de pago de hasta 6 cuotas para los grandes grupos y 12 meses para las PyMES.

Fondo de Asistencia Laboral

En sintonía con la Ley Bases, se impulsa el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo de cese que se nutrirá de aportes patronales diferenciados. Según el último texto, las empresas de mayor envergadura contribuirán con un 1% (con tope del 1,5%) y las pequeñas con un 2,5% (con máximo del 3%). El sistema será de adhesión voluntaria y las firmas que aporten podrán compensar esos montos mediante descuentos en sus cargas sociales, lo que generará una merma directa en el financiamiento del sistema previsional.

Régimen de descansos y horas

La iniciativa también otorga mayor flexibilidad en el uso del tiempo. Por un lado, se permite que las vacaciones se segmenten en períodos de al menos 7 días, manteniendo el derecho a un descanso estival cada tres años. Por el otro, surge el "banco de horas", un instrumento que permite canjear el tiempo extra trabajado por jornadas reducidas o días libres, funcionando como una alternativa al pago tradicional de horas suplementarias con recargos del 50% o 100%.

Restricciones al derecho a huelga

En materia de conflictos colectivos, el proyecto retoma la impronta del decreto 70/2023 al ampliar el listado de servicios que deben garantizar un 75% de prestación obligatoria. A las áreas de salud y energía se suman ahora la educación en casi todos sus niveles, el transporte de caudales y la seguridad. Además, aparece la categoría de servicios de importancia trascendental, que abarca desde la industria alimenticia hasta el comercio electrónico, con la obligación de mantener operativo al menos el 50% de sus funciones habituales durante una huelga.

Asambleas y convenios colectivos

La reforma impacta además en la autonomía de los sindicatos, exigiendo aval patronal para las asambleas en horario laboral y quitando el pago de esas horas. Se establece la caducidad de los convenios vencidos, eliminando la denominada ultraactividad, y se dispone que los acuerdos por empresa tendrán preeminencia sobre los nacionales, incluso si estos últimos ofrecen condiciones superiores. También se agrava la sanción ante bloqueos o tomas de establecimientos fabriles.

Blanqueo e incentivos fiscales

Finalmente, la ley propone un esquema de incentivos para el empleo formal con una vigencia de 12 meses. Los empleadores que incorporen personas desempleadas o ex empleados estatales accederán a beneficios en las contribuciones por 4 años. En paralelo, se abre un blanqueo para regularizar trabajadores no registrados que incluye la condonación de multas, el cierre de causas penales por evasión y la posibilidad de financiar las deudas de aportes en hasta 72 mensualidades.