La iniciativa establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y redefine el esquema de sanciones aplicable a adolescentes que cometan delitos.

El oficialismo reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, el MID y otros bloques provinciales.

Cómo votó la oposición

El bloque de Unión por la Patria rechazó el proyecto en general y logró mantenerse unido en esa instancia. Sin embargo, durante la votación en particular algunos diputados del Frente Renovador acompañaron artículos vinculados a la baja de la edad de punibilidad, argumentando que esa posición ya formaba parte de antecedentes legislativos del espacio.

Qué cambia la nueva ley

El texto aprobado no solo fija la imputabilidad a partir de los 14 años, sino que introduce un sistema integral con límites y garantías específicas:

• Pena máxima de 15 años para delitos graves como homicidio, robo agravado, abuso sexual o secuestro.

• Prohibición expresa de prisión perpetua.

• Medidas alternativas para delitos con escalas menores a 10 años.

Entre las sanciones no privativas de la libertad se incluyen:

• Amonestación judicial

• Servicios comunitarios

• Prohibición de acercamiento a la víctima

• Monitoreo electrónico

• Reparación del daño

• Restricciones de circulación o conducción

También se habilitan mecanismos como la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos leves, siempre con intervención de la víctima.

Centros especializados y garantías

El régimen establece la creación de institutos específicos para adolescentes condenados, con obligación de:

• Garantizar educación formal

• Acceso a atención médica

• Tratamiento de adicciones

• Personal especializado en infancia y adolescencia

Queda expresamente prohibida la convivencia con detenidos adultos.

Además, se reconoce formalmente el rol de las víctimas en el proceso penal juvenil, asegurando su derecho a ser informadas, escuchadas y asistidas jurídicamente.

Financiamiento

Tras negociaciones con gobernadores, el proyecto incorpora una partida presupuestaria de $23.739 millones para la implementación del sistema. Los fondos se distribuirán entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, con el objetivo de evitar que el costo recaiga exclusivamente en las provincias.

El debate en el recinto

Durante la sesión, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado defendió la reforma al señalar que el régimen vigente, sancionado en 1980, “no previene ni resocializa”. Sostuvo además que el nuevo texto fue producto de un año de trabajo legislativo con especialistas y múltiples proyectos analizados.

Desde la oposición, Juan Grabois cuestionó el enfoque punitivo y planteó que el problema central está vinculado a la salud mental y los consumos problemáticos. En la misma línea, otros legisladores advirtieron que la baja de edad no resolverá por sí sola la conflictividad juvenil si no se acompaña con políticas sociales.

El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, quienes respaldaron la iniciativa.

Con la media sanción en Diputados, el proyecto se encamina ahora a una discusión decisiva en el Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley uno de los ejes centrales de su agenda en materia de seguridad.