Las cifras marcan con nitidez el retroceso del tejido empresario durante los primeros dos años de la actual gestión. En noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. Para noviembre de 2025, esos números descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.
El saldo es contundente: 21.938 empleadores menos y una caída de 290.602 trabajadores en apenas 24 meses.
Solo en noviembre último, el cierre neto de empresas fue de 892, mientras que en los primeros once meses de 2025 la pérdida acumulada alcanzó a 9.722 empleadores. El retroceso más pronunciado se dio entre fines de 2023 y mediados de 2024, en un contexto marcado por la fuerte devaluación inicial y la política de ajuste fiscal conocida como “motosierra”.
A diciembre de 2024, el número de empresas había caído a 499.682, mostrando luego una desaceleración en el ritmo de cierres, aunque sin señales claras de recuperación.
El impacto no fue homogéneo. De acuerdo al informe, la construcción aparece como el sector más castigado, afectado por la paralización de la obra pública y la retracción de la inversión. A esto se suma un golpe profundo sobre pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas con menor espalda financiera.
Un dato revelador del informe oficial indica que el 34% de los cierres registrados entre el tercer trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025 correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad, lo que evidencia la dificultad de sostener nuevos emprendimientos en el actual contexto económico.
La contracción del número de empleadores tuvo un correlato directo en el mercado laboral. Con casi 300 mil trabajadores menos dentro del sistema formal, los datos refuerzan la idea de un modelo que, hasta el momento, no logra generar un entorno favorable para la creación y sostenimiento del empleo privado.
Una de las conclusiones centrales del Informe de Trabajo es que una proporción significativa de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto, reflejando un escenario de alta fragilidad productiva.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que el ajuste es necesario para ordenar la macroeconomía, los números oficiales muestran que el costo recae con fuerza sobre el entramado empresario y el empleo, sin que aparezca todavía un motor claro de recuperación.