El informe, uno de los más utilizados a nivel mundial para medir la corrupción en el sector público, asignó a la Argentina una calificación de 36 puntos sobre 100, un punto menos que en 2024. La baja consolida una tendencia descendente que se arrastra desde 2019 y refuerza la percepción internacional de un deterioro institucional.
Con este resultado, Argentina comparte el puesto 104 con países como Belice y Ucrania, y queda ubicada por detrás de naciones como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. El dato resulta significativo no solo por la caída en el ranking, sino por el contexto regional, donde varios países lograron sostener o mejorar su desempeño relativo.
El Índice de Percepción de la Corrupción mide la “corrupción percibida” a partir de evaluaciones realizadas por expertos y empresarios, y se construye combinando al menos tres fuentes de datos provenientes de 13 encuestas internacionales, elaboradas por organismos de referencia como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.

Transparency International remarca que una puntuación inferior a 50 refleja graves problemas estructurales en la transparencia y el control del poder público. En ese marco, la calificación de 36 posiciona a la Argentina dentro del grupo de países con mayores niveles de corrupción percibida.
A nivel global, el promedio mundial cayó a un nuevo mínimo histórico de 42 puntos, y más de dos tercios de los países evaluados obtuvieron puntuaciones por debajo de 50. El informe advierte que la corrupción tiene consecuencias directas y concretas: “hospitales con financiación insuficiente, obras de infraestructura que no se realizan y oportunidades truncas para millones de jóvenes”.
Para Transparency International, la corrupción no se limita únicamente a delitos como el soborno, la extorsión o la malversación de fondos. También incluye prácticas que, aunque en algunos casos pueden ser legales, deterioran la calidad institucional, como el nepotismo, el clientelismo y el favoritismo.
El retroceso argentino en el segundo año de gobierno de Milei se produce en un contexto de fuerte ajuste del Estado, reformas estructurales y reconfiguración del rol del sector público. Sin embargo, los datos del IPC muestran que, lejos de mejorar, la percepción internacional sobre la transparencia y la integridad institucional del país empeoró durante 2025.
La evolución de estos indicadores vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de políticas públicas sostenidas, mecanismos de control efectivos y mayor rendición de cuentas, en un escenario donde la credibilidad institucional aparece como una de las principales deudas pendientes.