La decisión parlamentaria se fundamentó en acusaciones de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo, luego de que salieran a la luz reuniones no registradas del mandatario con el empresario de origen chino Zhihua Yang, proveedor del Estado peruano. El escándalo terminó de erosionar un gobierno que ya enfrentaba una caída sostenida en su nivel de respaldo político y social.
Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció formalmente la vacancia presidencial y convocó a una nueva sesión para elegir al titular del Parlamento, quien asumirá de manera interina la jefatura del Estado, tal como establece la Constitución peruana.
Jerí, de 39 años, había asumido la Presidencia en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte. Su paso por el poder fue breve: apenas cuatro meses. La fragilidad de su administración quedó expuesta en las últimas semanas, cuando los partidos que inicialmente respaldaron su designación comenzaron a tomar distancia ante el costo político de sostenerlo, especialmente en la antesala de nuevos procesos electorales.
La censura no solo representa la caída de otro presidente, sino que confirma un patrón que se repite desde hace una década: la imposibilidad de completar mandatos en un escenario de permanente confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Desde la finalización del mandato de Ollanta Humala en 2016, Perú ha tenido una sucesión vertiginosa de jefes de Estado:
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)
Martín Vizcarra (2018-2020)
Manuel Merino (2020)
Francisco Sagasti (2020-2021)
Pedro Castillo (2021-2022)
Dina Boluarte (2022-2025)
José Jerí (2025-2026)
Con la salida de Jerí, Perú suma siete presidentes en diez años, un dato que grafica la profundidad de la crisis estructural que atraviesa el sistema político.
La reiteración de destituciones, mociones de censura y procesos de vacancia ha debilitado la gobernabilidad y la confianza ciudadana en las instituciones. La herramienta constitucional de la “vacancia por incapacidad moral permanente”, sumada a las tensiones permanentes entre poderes, se convirtió en un mecanismo recurrente para resolver disputas políticas.
Analistas locales coinciden en que el problema excede a un presidente puntual: se trata de un sistema fragmentado, con partidos débiles, alta volatilidad parlamentaria y un Congreso con fuerte capacidad de presión sobre el Ejecutivo.
La destitución de Jerí abre ahora un nuevo capítulo de incertidumbre. El país deberá reorganizar su conducción institucional en un contexto de polarización, baja credibilidad política y demandas sociales pendientes.
Una vez más, Perú se enfrenta al desafío de recuperar estabilidad en un escenario donde la presidencia parece haberse convertido en un cargo de duración incierta.