La polémica se conoció este 17 de febrero de 2026 y rápidamente se instaló en el debate político por la magnitud del gasto estatal en un contexto donde la administración que encabeza Javier Milei ha promovido la racionalización de los recursos públicos y la eliminación de alquileres de sedes oficiales.

Una decisión que contrasta con la estrategia oficial

El contrato rubricado por Sturzenegger implica el alquiler durante 12 meses de cuatro pisos —del tercero al sexto— en un edificio de la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788 (Diagonal Norte), además de 24 cocheras, con un canon mensual total de 60 millones de pesos, equivalente a unos USD 40.000 por mes según los propios valores de referencia incluidos en el expediente.

La operación fue tramitada bajo la figura de contratación directa por adjudicación simple, luego de que solo una firma —la empresa OTOBA S.A.— presentara oferta y fuera considerada “admisible y económicamente conveniente”.

Costos adicionales y cálculo real del gasto público

Aunque el contrato fija claramente el monto del alquiler, expertos y políticos adversos a la gestión remarcan que el costo podría ser aún mayor, ya que las expensas ordinarias, la electricidad, el gas y otros consumos estarán a cargo del propio Estado y no están incluidos en los 720 millones iniciales. Esto incrementa el gasto real por encima de los valores oficiales.

La decisión se produce mientras otras áreas del Gobierno difunden el llamado “Alquiler Cero”, un programa que busca evitar nuevas erogaciones locativas estatales y priorizar relocalizaciones en inmuebles ya disponibles, con el objetivo declarado de reducir los gastos corrientes del sector público.

Ruido político y tensión interna

Lejos de ser un hecho aislado, la contratación se suma a una serie de polémicas que rodean a Sturzenegger en las últimas semanas. El ministro ya estaba bajo escrutinio por otro contrato millonario adjudicado desde el estado a una entidad que dirige su esposa, así como por su rol en el debate por el artículo 44 de la reforma laboral.

En este marco, opositores y sectores críticos dentro del propio oficialismo argumentan que la medida no solo contradice una política de ajuste que el Gobierno dice priorizar, sino que además podría impactar negativamente en la percepción pública sobre la gestión del gasto estatal.

Qué pone en debate este episodio

Al margen de cifras y contratos, el caso genera dos debates políticos y públicos inmediatos:

• Coherencia de gestión: Cómo reconciliar políticas destinadas a reducir costos con decisiones que implican aumentos significativos de erogaciones estatales.

• Transparencia y procedimiento: El uso de contrataciones directas y la ausencia de competencia en ofertas suscitan cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto y el rol del Estado en la administración de recursos.

A medida que avance la discusión parlamentaria por otros temas claves de la agenda oficialista, como la reforma laboral, este episodio queda marcado como un signo de tensión interna y un foco de críticas que podría intensificarse en las próximas semanas.