En el texto, los mandatarios provinciales sostienen que la Argentina necesita actualizar su legislación laboral frente a los cambios tecnológicos y productivos, pero advierten que ninguna transformación puede implicar la pérdida de derechos ni la reducción de protecciones. “La modernización no puede orientarse al desmantelamiento de conquistas históricas, sino a ampliar garantías en un mercado laboral cada vez más inestable”, señalaron.

Los gobernadores cuestionaron que la propuesta oficial, presentada como una modernización del sistema, en realidad “debilita derechos individuales y colectivos” en un contexto de caída de la actividad económica, retracción del consumo y aumento del desempleo. Según el documento, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los profundiza.

También rechazaron la idea de que la reforma generará más puestos de trabajo. Afirmaron que experiencias anteriores de flexibilización no lograron crear empleo ni reducir la informalidad y alertaron que la iniciativa podría facilitar despidos, reducir estándares de protección y trasladar riesgos e incertidumbre a los trabajadores, incluso habilitando reducciones salariales o limitaciones de derechos en casos de enfermedad.

Otro de los ejes del comunicado apunta al carácter “antifederal” de la reforma. Los mandatarios advierten que sus efectos impactarán de manera directa sobre las economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales. En ese sentido, remarcaron que en un país federal las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial.

En el documento también se menciona el contexto económico actual, señalando que desde la asunción del Gobierno nacional se habrían perdido miles de empresas y cientos de miles de puestos de trabajo, junto con una caída en la utilización de la capacidad instalada y una inversión extranjera negativa. Para los gobernadores firmantes, la salida no pasa por recortar derechos, sino por impulsar políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia económica que fortalezca el mercado interno y la generación de empleo de calidad.

Finalmente, reiteraron su rechazo a la reforma laboral y a la orientación económica que la sustenta, y convocaron a defender el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas. “La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección”, concluyeron, al tiempo que manifestaron su disposición a debatir alternativas en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional.