De acuerdo con los datos difundidos por la empresa, 219 de las cancelaciones corresponden a vuelos de cabotaje, con alrededor de 25.000 usuarios alcanzados; 32 son servicios regionales, que afectan a unos 5.000 pasajeros; y 4 vuelos internacionales, con cerca de 1.000 personas involucradas.

Desde la línea aérea explicaron que se implementaron alternativas para atenuar el impacto, como reprogramaciones, cambios de horario y reubicaciones en otros servicios disponibles. Además, se aplicarán los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la jornada de protesta.

La empresa pidió a quienes tengan vuelos programados que revisen el correo electrónico declarado al momento de la compra, donde se enviaron las notificaciones sobre modificaciones. En el caso de pasajes adquiridos a través de agencias de viaje, recomendaron comunicarse directamente con la intermediaria. También se encuentran habilitados los canales de autogestión en la página web y en la aplicación oficial.

La medida de fuerza está vinculada al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado. Los gremios aeronáuticos anunciaron su adhesión a la protesta, lo que afecta tanto vuelos domésticos como internacionales.

En un comunicado conjunto, los principales sindicatos del sector ratificaron su rechazo al proyecto, al considerar que implica un retroceso en materia de derechos laborales, fomenta la precarización y debilita la negociación colectiva. Señalaron que la unidad de acción busca “poner un límite a cualquier intento de flexibilización” y defender las condiciones de trabajo en la actividad aerocomercial.

Por su parte, los controladores aéreos nucleados en ATEPSA no podrán adherir formalmente al paro debido a que se trata de un servicio esencial que requiere un aviso previo con plazos específicos. No obstante, anticiparon que la actividad aérea será mínima durante la jornada.

Si bien aerolíneas privadas como JetSmart y Flybondi cuentan con esquemas gremiales propios, la prestación de servicios clave —como el abastecimiento de combustible y la asistencia en tierra— podría verse afectada, lo que abre la posibilidad de demoras y cancelaciones adicionales.

El paro general vuelve a tensar la relación entre el Gobierno nacional y los sindicatos del sector, en un contexto de debate parlamentario que mantiene en vilo a distintos ámbitos de la actividad económica.