El cierre definitivo de Fate y el despido de 920 trabajadores no fue un hecho aislado. Según un informe del Centro CEPA, entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026 ya se habían registrado al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país, con un denominador común: despidos, cierres y suspensiones en aumento.

En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei —de noviembre de 2023 a octubre de 2025— se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La cifra expone la magnitud del deterioro del empleo formal en un contexto de apertura comercial, caída del consumo y reconfiguración del esquema productivo.

Despidos, el principal conflicto

Del total de 717 conflictos relevados, el 63,2% correspondió a despidos. Le siguieron los cierres de empresas (12,3%), las suspensiones (10%) y las crisis empresarias (7,8%).

El informe marca que la industria fue el sector más castigado, concentrando el 62,1% de los casos. Dentro de ese universo, las ramas más afectadas fueron la textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, sectores particularmente expuestos a la competencia de importaciones y a la retracción del mercado interno.

El sector Servicios representó el 16,9% de los conflictos, con fuerte impacto en actividades de recreación y esparcimiento —hotelería, restaurantes, bingos y casinos—, además de transporte, medios de comunicación y sanidad.

Por su parte, el sector primario acumuló el 9,5% de los casos, con afectación en hidrocarburos y servicios petroleros, pesca y minería. El comercio explicó el 8,2% de los conflictos, con supermercados como el subsector más comprometido. La construcción, en tanto, concentró el 3,3%, siendo la obra privada la más perjudicada.

Pymes y capital nacional, los más expuestos

El 39,1% de los conflictos involucró a pequeñas y medianas empresas, lo que confirma la fragilidad del entramado productivo nacional frente a la caída de la actividad.

Detrás se ubicaron los conglomerados extranjeros (27,3%), muchos de los cuales comenzaron a importar productos terminados o ajustaron planteles ante la baja del consumo. Las grandes empresas concentraron el 18,3% de los casos, los grupos económicos el 11,9% y las empresas estatales apenas el 3,5%.

Un dato significativo: el 71,5% de los conflictos correspondió a empresas de capital nacional.

Centro del país, el epicentro

En términos geográficos, la zona centro del país concentró el 48% de los casos de conflictividad laboral:

• Buenos Aires: 25,8%

• Santa Fe: 10,5%

• Córdoba: 6%

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5,7%

• Entre Ríos: 3,3%

La concentración en el corazón industrial y productivo de la Argentina refleja el impacto directo sobre el entramado manufacturero.

Más conflictos tras las elecciones

Lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó luego de las elecciones del 26 de octubre de 2025.

Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 507 casos, con un promedio de 24 conflictos mensuales. Sin embargo, tras los comicios el promedio ascendió a 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

El escenario descrito por el informe muestra un mercado laboral atravesado por despidos, cierres y reestructuraciones, con la industria como principal víctima y las pymes en el centro de la tormenta. El caso Fate se suma así a una tendencia nacional que, lejos de ser coyuntural, se consolida como uno de los rasgos más críticos del actual ciclo económico.