TOLHUIN.- El conflicto de fondo por la titularidad de las Termas del Río Valdez sumó un capítulo de peso institucional tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país aceptó analizar el planteo federal impulsado por la empresa privada, lo que deja en suspenso la validez del fallo previo dictado por la justicia fueguina que beneficiaba a la administración local.

Miguel Febre, abogado patrocinante de la compañía demandante, ratificó el avance de la causa en los tribunales de Comodoro Py y destacó que esta instancia permite revisar de forma integral la legalidad del proceso. Según el profesional, la resolución nacional obliga a retomar la discusión sobre quién es el dueño legítimo de las instalaciones, cuestionando el desalojo que ejecutó oportunamente el municipio sobre la explotación turística.

La postura de la firma se basa en que el desarrollo del lugar fue un proceso financiado íntegramente por capitales privados. El letrado recordó que la empresa fue la encargada de abrir la traza vial y levantar los edificios del complejo sin recibir asistencia oficial. En declaraciones radiales, Febre subrayó que “toda la inversión fue de Roanmat; ni el gobierno ni el municipio invirtieron en su momento”, marcando una diferencia sustancial sobre el origen de las mejoras.

Desde la defensa técnica explicaron que el emprendimiento enfrentó una parálisis forzada por demoras en las habilitaciones que nunca llegaron. A pesar de esos obstáculos, la sociedad comercial permaneció en el sector por más de veinte años realizando tareas de mantenimiento y custodia. Ese paso del tiempo es el argumento principal para reclamar la usucapión, entendiendo que se cumplieron los plazos que establece la ley para adquirir la propiedad por ocupación pacífica.

El reclamo de los privados expone lo que consideran un abandono absoluto por parte del sector público durante décadas. El abogado insistió en que sus clientes se hicieron cargo de proteger el recurso natural mientras el Estado estaba ausente. En ese sentido, Febre afirmó que “el Estado se desentendió durante más de 20 años y la empresa permaneció allí protegiendo las termas; por eso entendemos que la propiedad prescribió”.

Por otro lado, la estrategia legal apunta contra el desempeño del Superior Tribunal de Justicia de la provincia al entender que el caso debió tramitarse bajo normas de la justicia civil común. Denunciaron además que el municipio utilizó trabas administrativas, como la negativa a visar los planos de mensura, para impedir que la empresa pudiera formalizar su derecho de propiedad. Estas irregularidades son las que ahora deberá evaluar la Corte Suprema.

Más allá de la cuestión inmobiliaria, el litigio esconde una amenaza financiera que preocupa a los funcionarios locales por su posible impacto en el presupuesto. En caso de que la justicia nacional falle a favor de la firma, se abriría la puerta a juicios por daños y perjuicios de escala millonaria. La demanda incluiría el valor de las obras efectuadas y el resarcimiento por el equipamiento que habría sufrido roturas o robos durante el tiempo que la empresa estuvo fuera del predio.

La noticia de la apertura del expediente nacional llega justo cuando la gestión de Daniel Harrington celebra la reciente habilitación de las termas para el turismo masivo. Esta superposición de realidades añade un componente de tensión política a una disputa que ya arrastra dos décadas de peleas judiciales y que todavía aguarda un veredicto final que determine el futuro del recurso termal.