La sesión estuvo marcada por momentos de alta tensión dentro y fuera del recinto, pero el oficialismo logró blindar el proyecto artículo por artículo y mantener el quórum hasta el final.
El proyecto fue respaldado por los bloques de La Libertad Avanza, aliados de la UCR, PRO y otros espacios provinciales y monobloques, mientras que votaron en contra Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y legisladores sueltos.
En la votación en particular, el oficialismo consiguió sostener los 26 títulos y 218 artículos que componen la reforma, aunque debió eliminar el polémico artículo 44, que establecía una rebaja salarial en casos de enfermedad o accidente no laboral. Esa modificación obliga a que el texto vuelva al Senado para su ratificación.
El cronograma oficial prevé dictamen en comisión esta semana y una sesión el 27 de febrero, en la antesala de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inaugurará el período ordinario.
La sesión comenzó con controversia cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor. La oposición denunció irregularidades y varios diputados de Unión por la Patria se dirigieron al estrado para exigir explicaciones.
Hubo momentos de fuerte tensión verbal, intentos de frenar la sesión por presunta falta de quórum y cruces entre legisladores oficialistas y opositores. Pese a ello, el oficialismo logró sostener la sesión con apoyo de aliados.
El proyecto introduce modificaciones profundas en el régimen laboral argentino, entre ellas:
Cambios en el sistema de indemnizaciones y creación de un Fondo de Asistencia Laboral.
Supresión de la ultraactividad de convenios colectivos.
Restricciones a tutelas sindicales.
Nuevas regulaciones sobre el derecho a huelga.
Derogación de estatutos profesionales específicos.
Reformas que impactan en distintos organismos y esquemas de financiamiento.
Para el oficialismo, la reforma busca reducir la informalidad y generar empleo genuino. El diputado libertario Lisandro Almirón defendió el texto al sostener que el marco actual “expulsa a las personas de la formalidad” y que más del 50% de los trabajadores se encuentran fuera del sistema.
Desde Unión por la Patria, el dirigente bancario Sergio Palazzo advirtió que la ley generará “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad” y denunció un “retroceso histórico en derechos laborales”.
También hubo cuestionamientos desde sectores dialoguistas y del radicalismo, que coincidieron en la necesidad de una reforma, pero pusieron en duda el diseño del esquema de convenios por empresa y advirtieron sobre un posible aumento de la litigiosidad.
Desde la izquierda, se señaló que el problema estructural no es el costo laboral sino el modelo económico, mientras que otros legisladores advirtieron sobre posibles impactos en derechos sindicales y en sectores específicos como el periodismo.
Con la aprobación en Diputados, el oficialismo consiguió un avance legislativo central en su agenda de reformas estructurales. Sin embargo, el trámite aún no está cerrado: el Senado deberá validar los cambios y convertir la iniciativa en ley.
El 27 de febrero aparece como la fecha marcada en el calendario político. De concretarse, la reforma laboral será uno de los pilares legislativos del Gobierno en su primer año de gestión.