La crisis estructural de la OSEF volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, la polémica se desató tras la aprobación del presupuesto 2026 por parte del Gobierno provincial, decisión que fue duramente cuestionada por el gremio docente SUTEF.

Desde la Vocalía que representa a las trabajadoras y trabajadores en actividad informaron que votaron en contra del proyecto en la reunión de directorio realizada el 18 de febrero. Sin embargo, el oficialismo impuso su mayoría y logró aprobarlo con los votos de la presidenta Mariana Hruby, el vicepresidente Gustavo García y el acompañamiento del vocal por el sector pasivo.

Un presupuesto que “dibuja” equilibrio

El eje más contundente de la denuncia es que el presupuesto aprobado no contempla la deuda que el propio Estado mantiene con la obra social.

Según detalló el sindicato:

• La deuda de organismos públicos por aportes y contribuciones retenidas y no transferidas asciende a $11.983 millones al cierre de 2025.

• A eso se suma una deuda del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia por $8.929 millones, correspondiente a prestaciones y medicamentos del RUPE.

Aunque en el debate público se habla de una cifra cercana a los 9.000 millones como núcleo del conflicto inmediato, el pasivo total informado es aún mayor y expone -según SUTEF- un esquema de financiamiento encubierto.

“El Gobierno proyecta recursos que legalmente corresponden a la OSEF, pero que el propio Estado retiene”, señalaron desde la Vocalía. En otras palabras: el presupuesto se arma sobre fondos que no están efectivamente en caja.

Para el gremio, esto confirma que la gestión encabezada por el gobernador Gustavo Melella sostiene el funcionamiento provincial reteniendo recursos de la obra social, afectando directamente el sistema de salud de más de 50.000 afiliados.

El 55% del presupuesto, en manos privadas

Otro punto crítico es la estructura del gasto. De acuerdo al comunicado difundido en redes sociales, $97.505 millones —el 55,02% del total proyectado para 2026— se destinan a convenios con prestadores privados, principalmente la Clínica San Jorge y el CeMEP.

Pero lo más controversial son las cláusulas contractuales denunciadas:

• Cualquier incremento en los recursos de OSEF se traslada automáticamente al prestador privado.

• Ante ahorros logrados por auditorías, el 66% queda para el privado y solo el 34% para la obra social.

Desde SUTEF advierten que este esquema consolida una “carterización” del sistema, fortaleciendo a determinados actores privados mientras la infraestructura pública queda relegada.

“Cada recurso que se transfiere bajo estas condiciones es dinero que no se invierte en nuestros hospitales”, remarcaron.

Impacto directo en los afiliados

El sindicato fue claro: no se trata de una discusión técnica. La falta de transferencia de fondos repercute en demoras en autorizaciones, restricciones en prestaciones y dificultades para acceder a tratamientos de alta complejidad.

Mientras el presupuesto “dibuja” un equilibrio financiero, el sistema -según denuncian- continúa desfinanciado.

Además, alertaron que este escenario podría derivar en nuevos ajustes sobre los salarios de los trabajadores activos, quienes ya aportan en promedio el 3% de su sueldo bruto.

Salud pública bajo la lupa

La denuncia vuelve a exponer una discusión de fondo: ¿se fortalece el sistema público o se profundiza la dependencia del sector privado?

Para SUTEF, el modelo actual prioriza el negocio por sobre la salud y consolida una estructura que deja a la obra social en situación vulnerable año tras año.

La aprobación del presupuesto 2026, lejos de cerrar el debate, reabre interrogantes sobre la transparencia en la administración de fondos y sobre el verdadero estado financiero de la obra social que sostiene la atención médica de miles de trabajadores fueguinos.

La salud vuelve a estar en el centro de la escena. Y esta vez, los números no pasan desapercibidos.