La ministra de Trabajo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, brindó una entrevista por FM La Isla, en la que analizó la crítica situación que atraviesa la empresa Aires del Sur y el impacto que el conflicto ya tiene en el empleo provincial. Con firmeza, sostuvo que la actitud empresarial es “sumamente preocupante” y aseguró que el Gobierno provincial seguirá utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender a los trabajadores.

“La verdad es que lo mínimo que se espera cuando hay una intención de hacer bien las cosas es sentarse a una mesa a hablar y decir cómo son las cosas”, expresó la funcionaria, marcando el tono de una preocupación que, según indicó, crece ante la falta de diálogo por parte del nuevo directorio de la firma.

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Salarios impagos y audiencias sin respuestas

El conflicto comenzó cuando los trabajadores denunciaron el cobro de apenas el 25% de los salarios de enero, además de deudas vinculadas a premios productivos. Desde el Ministerio se convocó de inmediato a audiencia.

“La primera audiencia fue en la primera semana de febrero, luego del vencimiento del pago de haberes”, explicó Castiglione. Sin embargo, tras esa instancia se realizaron “cuatro o cinco audiencias más”, sin que la empresa enviara representantes con poder de decisión.

Según detalló, la empresa cambió su directorio entre octubre y noviembre del año pasado y nunca presentó formalmente a sus nuevas autoridades ante el Estado provincial. “En cada convocatoria solicitábamos la presencia de alguien del directorio que tuviera poder de decisión. Eso nunca ocurrió”, señaló.

La empresa, en cambio, se limitó a presentar escritos a través de su representante legal en Río Grande, sin participación directa de quienes conducen la compañía.

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Conciliación obligatoria y pedido de quiebra

Ante el agravamiento del conflicto, el Ministerio dictó la conciliación obligatoria, herramienta destinada a “mantener la paz social y propender al diálogo”.

Pero en paralelo, la empresa presentó su propio pedido de quiebra.

“Cuando dicen que no pueden cumplir con la conciliación obligatoria, implícitamente están diciendo que no se pueden sentar a dialogar o que no pueden dejar de despedir gente”, sostuvo la ministra.

Además, advirtió que la presentación judicial podría estar orientada a dilatar tiempos. “Es bastante probable que estén tratando de dilatar algunos plazos, vaya a saber por qué”, afirmó.

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¿Vaciamiento o quiebra?

Consultada sobre las versiones que hablan de un posible “modus operandi” empresarial, Castiglione reconoció que existen antecedentes similares en la provincia.

“Es real lo que usted dice. Lo hemos visto en los ‘90 y lo hemos visto entre 2015 y 2019. Básicamente es la forma que tienen algunas empresas de cerrar las puertas y dejar a la gente librada a su suerte”, indicó.

La funcionaria fue contundente al definir el límite legal: “Es muy finita la línea entre quiebra y vaciamiento”.

Por ese motivo, explicó, en otros conflictos los trabajadores optaron por resguardar las plantas para evitar el retiro de bienes que puedan servir como garantía de pago de salarios e indemnizaciones.

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Herramientas legales, poder de policía y límites jurisdiccionales

En medio del conflicto, desde uno de los gremios involucrados —ASIMRA— se sostuvo públicamente que el Ministerio de Trabajo cuenta con “poder de policía” para hacer comparecer por la fuerza pública a los directivos que no asisten a las audiencias.

Castiglione confirmó que esa herramienta existe y que ha sido utilizada en otras oportunidades.

“Es real, es una herramienta y de hecho lo hemos hecho en varias oportunidades, al menos en mi gestión en tres o cuatro oportunidades”, señaló.

No obstante, aclaró que el problema en este caso no es la comparecencia formal, sino la ausencia de autoridades con poder real de decisión dentro de la provincia.

“Cualquier representante que podamos hacer comparecer en Río Grande no tiene ningún tipo de poder de decisión. Incluso la parte gerencial tiene poca información sobre los destinos de la empresa”, explicó.

Además, subrayó que el Ministerio no puede actuar fuera de su jurisdicción: “Yo no puedo disponer de personal policial de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la limitación que se tiene. Solo puede hacerlo la Justicia”.

En ese marco, remarcó que hacer comparecer a representantes sin capacidad resolutiva “realmente no tiene demasiado sentido”, porque el conflicto de fondo seguiría sin resolverse.

La ministra insistió en que se continuará convocando audiencias, incluso de manera diaria si fuera necesario, para dejar constancia formal de la actitud empresarial. “Eso va a generar un antecedente frente a procesos judiciales que puedan llegar a presentar los trabajadores en el futuro”, explicó.

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Radiografía del empleo: 6.100 puestos menos

Más allá del conflicto puntual, la ministra trazó un diagnóstico preocupante del mercado laboral fueguino.

“Estamos alrededor de los 6.100 puestos de trabajo perdidos a enero, registrados”, reveló.

Además, mencionó suspensiones en distintas empresas industriales, como en el sector electrónico y textil. Este último pasó de tener 1.050 trabajadores a menos de 300 en apenas dos años.

“El problema ahora no es solo si somos competitivos o no. El problema es que no se vende”, advirtió en referencia a la caída sostenida del consumo, particularmente en electrónica y celulares.

Castiglione explicó que la provincia trabaja junto al Ministerio de Producción para ajustar herramientas que permitan sostener la actividad, pero reconoció que el contexto macroeconómico nacional impacta de lleno en Tierra del Fuego.

“Estamos absolutamente expectantes”, señaló.

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“Hay que estar atentos a todas las maniobras”

En el cierre, la ministra insistió en la necesidad de diálogo y responsabilidad empresaria.

“Hay que seguir trabajando, intentando dialogar, intentando buscar soluciones y estar atentos a todas las maniobras que puedan llegar a generarse que puedan perjudicar a los trabajadores”, afirmó.

Mientras la instancia judicial comienza a desarrollarse, el Gobierno provincial mantiene la postura de sostener el empleo y defender los derechos laborales en un escenario económico adverso.

El conflicto en Aires del Sur no es un hecho aislado: forma parte de una coyuntura más amplia que ya muestra un fuerte efecto cascada sobre la economía local.

Y en ese marco, la advertencia de la ministra resuena con claridad:
“Lo mínimo que se espera es sentarse a una mesa a hablar”.