“El promedio de utilización de capacidad instalada ronda el 57,7%, pero en recorridas por plantas de Río Grande constatamos casos del 50% e incluso menos. Hay empresas que redujeron turnos y operan solo en uno cuando antes tenían dos”, afirmó el funcionario, describiendo una postal que impacta de lleno en la ciudad más industrial de la provincia.
Los números son elocuentes. Solo en 2025 se perdieron más de 700 puestos industriales en Tierra del Fuego, de los cuales casi 600 corresponden al sector electrónico, columna vertebral del subrégimen de promoción industrial. A nivel país, el dato es aún más contundente: 21.000 empresas cerradas y 260.000 empleos menos hasta octubre del año pasado.
La ecuación es clara: menos consumo interno, más importaciones y menor protección arancelaria generan una presión directa sobre la competitividad fueguina. Sin confrontar abiertamente con la política económica nacional, Devita deslizó que “la falta de políticas industriales activas y la apertura indiscriminada impactan en sectores como el textil, el metalúrgico y el electrónico”.
Detrás de los porcentajes hay realidades concretas: operarios con jornadas reducidas, contratos que no se renuevan y una creciente migración hacia formas de empleo más precarizadas.
Frente al deterioro del esquema tradicional, el Ministerio habla de “reconversión”. El desafío es evitar que la caída industrial se transforme en desempleo estructural. Para ello, se impulsa un proyecto de transición laboral y desarrollo de nuevas capacidades productivas.
Uno de los ejemplos citados por el ministro es Comal Log, empresa radicada en Río Grande que invirtió 40 millones de dólares y exporta alimentos premium para mascotas bajo un modelo de economía circular. También se analiza un proyecto para producir fertilizantes con perfil exportador, aunque demandaría al menos dos años y garantías energéticas.
Sin embargo, la pregunta persiste: ¿pueden estos nichos absorber el volumen de empleo que hoy genera —o deja de generar— la industria electrónica? El propio Devita fue prudente: “Ojalá. Apuntamos a eso”.
El contexto también exhibe oportunidades perdidas. El proyecto eólico de 65 millones de dólares financiado por un banco asiático quedó trunco por falta de garantía soberana nacional. “Sin respaldo de Nación, ciertas inversiones estratégicas no prosperan”, reconoció el ministro.
En paralelo, la provincia intenta sostener el tejido PyME. Durante 2025 se asistió a más de 200 productores y emprendedores, se gestionaron 2.200 millones de pesos en financiamiento privado y más de 100 empresas recibieron apoyo para abrir mercados. Aun así, el volumen de estas iniciativas no compensa la magnitud del retroceso industrial.
La sanción de la Ley 1601 de acuicultura busca abrir un nuevo eje productivo. Con 325 millones de pesos invertidos en infraestructura y la puesta en marcha de un laboratorio de toxinas, el objetivo es profesionalizar la actividad y generar empleo. Pero los tiempos productivos no son inmediatos, y la urgencia laboral es hoy.
En el trasfondo aparece el debate estructural: el esquema industrial fueguino, sostenido por el subrégimen de promoción, enfrenta tensiones en un contexto nacional que promueve desregulación y apertura comercial. La reunión prevista para el 4 de marzo con la Secretaría de Industria nacional será clave para conocer la hoja de ruta.
Mientras tanto, la realidad es concreta: fábricas trabajando al 50%, turnos recortados y una industria que lucha por no perder más terreno. Tierra del Fuego atraviesa un punto de inflexión donde la reconversión no es solo una estrategia, sino una necesidad urgente para evitar un deterioro mayor del empleo y del perfil productivo que históricamente sostuvo a la provincia.