Tras su discurso de apertura del año legislativo, el gobernador Gustavo Melella protagonizó un tenso intercambio con la prensa en el que redobló las acusaciones contra funcionarios nacionales por la intervención del puerto y deslizó la existencia de supuestos “negocios” entre referentes libertarios del área portuaria y empresarios vinculados al kirchnerismo en Tierra del Fuego.

Aunque fue enfático en sus expresiones, el mandatario no aportó pruebas concretas ni precisó nombres propios, más allá de insinuaciones y referencias indirectas.

Durante la rueda de prensa, Melella apuntó contra sectores de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y sugirió que detrás de la avanzada sobre el puerto fueguino existiría un entramado de intereses políticos y económicos.

“Han venido a apropiarse del puerto”, lanzó, y luego agregó: “Están haciendo negocios con un kuka”. Ante la consulta directa de los periodistas sobre si podía dar nombres y apellidos, respondió con ironía: “Ustedes que son grandes investigadores…”.

El gobernador mencionó a Iñaki Amigo (refiriendo a Iñaki Miguel Arreseygor), recordando que fue director por la ANSES en el Grupo Mirgor, aunque aclaró que no estaba señalando a esa empresa en particular. “Es alguien que tiene referencia con actores locales de nuestra provincia”, sostuvo, sin avanzar en detalles sobre la naturaleza de los supuestos vínculos ni en qué consistirían concretamente los negocios denunciados.

Melella fue más categórico al afirmar que la intervención del puerto fue “muy premeditada, muy armada” y que se trata de una “apropiación de recursos”. Según explicó, una de las primeras medidas de los interventores fue notificar a las empresas que debían dejar de pagar a la Dirección Provincial de Puertos y hacerlo a la órbita nacional.

“¿Saben dónde está ese dinero? En la cuenta de la AGP”, aseguró, en referencia a la Administración General de Puertos, cuya disolución fue anunciada por el Gobierno nacional. Sin embargo, no presentó documentación durante el intercambio con la prensa ni precisó montos.

El mandatario también cuestionó que, si existieran irregularidades o malversación de fondos por parte de la Provincia, no se haya impulsado una denuncia penal formal. “Si vos decís que hubo malversación de fondos públicos, lo primero que tenés que hacer es una denuncia al funcionario”, argumentó.

En ese marco, anticipó que su gestión avanzará con denuncias penales contra funcionarios nacionales, aunque dejó en manos de sus abogados la definición de los alcances y eventuales implicancias para actores locales.

Más allá de la dureza del discurso, la denuncia pública quedó en el terreno político. Melella habló de “malhechores”, de “apropiación de recursos” y de una maniobra destinada a desgastar a su gobierno, pero evitó ofrecer precisiones concretas que permitan identificar con claridad a los responsables o el esquema denunciado.

El cruce dejó expuesta la profundización del conflicto entre la Provincia y la Nación en torno al control del puerto, en un escenario donde las acusaciones suben de tono mientras el caso avanza por carriles judiciales y administrativos.