La iniciativa se aplica en el ámbito de la Fiscalía de Género y la Defensoría Penal, que vienen impulsando soluciones alternativas dentro de procesos en trámite. El mecanismo se encuadra en lo previsto por el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, que habilita la extinción de la acción penal cuando se alcanza un acuerdo de reparación entre las partes.

Durante el último mes se concretaron cuatro acuerdos bajo esta modalidad, lo que representa un incremento del 50% respecto del mismo período del año pasado.

Reparación con impacto social

En lugar de continuar con el proceso judicial completo hasta llegar a una sentencia, las partes acuerdan una reparación específica por parte de la persona imputada. Esta puede consistir en aportes económicos o en la entrega de alimentos y productos de primera necesidad.

El objetivo es que la persona que incumplió una orden judicial asuma una responsabilidad concreta, al tiempo que se genera un beneficio directo para sectores de la comunidad que necesitan asistencia.

Destino de las donaciones

Los recursos obtenidos a través de estos acuerdos se destinan principalmente a comedores comunitarios y asociaciones civiles sin fines de lucro de Río Grande, organizaciones que trabajan diariamente con familias en situación de vulnerabilidad.

Desde el ámbito judicial señalaron que esta herramienta también permite agilizar la resolución de causas, evitando la prolongación de procesos penales que demandan tiempo y recursos.

El enfoque se enmarca en los principios de la Justicia Restaurativa, que busca priorizar la reparación del daño y el impacto positivo en la sociedad, sin dejar de lado la responsabilidad de quien cometió la infracción.