USHUAIA.- Lo que se proyectaba como una cumbre destinada a profundizar el vínculo estratégico entre la administración fueguina y el gigante asiático terminó naufragando en un escenario de desconfianza. Fuentes cercanas a la delegación confirmaron que el representante diplomático de China tomó conocimiento efectivo de que la promocionada obra energética en la capital provincial no posee los fundamentos legales ni los soportes técnicos mínimos para avanzar con su construcción.

La puesta en escena realizada recientemente en el sector del Río Olivia se topó con una realidad burocrática muy distinta a la difundida por el Ejecutivo provincial. En el ámbito municipal la situación es de parálisis absoluta dado que el Gobierno de Tierra del Fuego todavía no ingresó el proyecto formal ante la Secretaría de Planificación e Inversión Pública de Ushuaia, lo cual implica que no hay planos visados ni certificaciones de impacto urbano que autoricen el inicio de las tareas.

A esta falta de previsión en el ejido urbano se le suma un conflicto de jerarquía constitucional en el ámbito parlamentario. El acuerdo firmado con la empresa Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A. jamás fue remitido a la Legislatura para su tratamiento, una omisión que deja cualquier compromiso financiero en un limbo legal y expone al Estado a posibles litigios ante la falta de una ratificación por parte de los representantes del pueblo.

La atmósfera de cordialidad que rodeaba al embajador Wang Wei se transformó en fastidio cuando sus asesores técnicos detectaron estas graves falencias de gestión. Para los estándares de la diplomacia china la estabilidad de las normas y el respeto por los contratos son condiciones innegociables, por lo que haber sido partícipes de un acto inaugural de una obra que se encuentra fuera de la normativa vigente fue recibido como un desplante institucional por parte del gobernador Gustavo Melella.

El nivel de desconcierto de los visitantes fue tal que recién durante su estadía en la capital se enteraron de que la provincia cuenta con una estructura específica para el sector como es la Dirección Provincial de Energía. Esta sorpresa evidencia una falta de coordinación previa en el armado de la agenda y en la presentación de los organismos locales ante los inversores externos, quienes ahora comprenden que deberán entablar canales de comunicación con dicha entidad.

En los pasillos de la Casa de Gobierno se especula con que esta premura por presentar los trabajos obedece a una táctica política para forzar una instancia de diálogo con la gestión nacional de Javier Milei. La intención de exhibir "hechos consumados" habría empujado a los funcionarios de Melella a ignorar los protocolos constitucionales y municipales más elementales en un intento por relanzar una gestión que se percibe desgastada.

El escenario actual plantea un dilema para las autoridades municipales, ya que los equipos de anclaje se encuentran posicionados y los componentes centrales de la planta están en pleno traslado marítimo desde Asia. El intendente local enfrenta ahora la presión de decidir si avala estas anomalías administrativas o si aplica el rigor de la ley, lo cual significaría detener el proyecto emblemático de la gestión provincial y su ministerio de obras públicas.

Tras el traspié en Ushuaia, la delegación tiene previsto trasladarse hacia la ciudad de Río Grande para reunirse con el jefe comunal Martín Pérez. No obstante, el eje del encuentro ha girado hacia la incertidumbre sobre la capacidad real de la provincia para brindar garantías jurídicas, dejando en un segundo plano los anuncios rimbombantes ante la evidencia de una serie de desprolijidades que ponen en duda la concreción de la red eléctrica y la seriedad internacional de la jurisdicción.