USHUAIA.- Un frente común integrado por los principales referentes del comercio, la hotelería, la gastronomía y el turismo de la capital fueguina manifestó su rotunda oposición al Asunto Nº 172/24. Se trata del proyecto de ley que busca expandir el ejido de la ciudad y que hoy se debate en la Legislatura provincial. Esta postura colectiva surge tras un exhaustivo relevamiento realizado desde diciembre por la fundación FINNOVA, que reunió a especialistas para evaluar los impactos territoriales, ambientales y productivos de la medida.

La propuesta de ley pretende pasar de las actuales 10.800 hectáreas a una superficie superior a las 115.000, lo que implica multiplicar el tamaño administrativo de la ciudad por diez. Las entidades locales denunciaron que este salto se plantea sin una planificación previa que determine cómo se gestionará la infraestructura o qué áreas deben protegerse. Asimismo, señalaron que el argumento sobre la demanda habitacional es una falacia técnica, ya que no existen diagnósticos que demuestren que el déficit de viviendas se deba a la falta de terreno disponible.

Una de las mayores preocupaciones radica en la terminología utilizada en el texto legislativo. El proyecto habla de "ejido urbano", una definición que ya preestablece un uso del suelo para edificación en zonas que hoy poseen un alto valor paisajístico y ambiental. Los representantes del sector privado aclararon que, de existir un consenso para la expansión, debería hablarse de "ejido municipal", una figura que permite ampliar la jurisdicción sin forzar la urbanización ni entrar en colisión con la Ley 597, que protege los usos actuales del suelo.

Desde el sector empresarial sostienen que Ushuaia puede absorber más población sin necesidad de romper sus fronteras actuales. Basándose en documentos como el Plan de Ordenamiento Urbano y el Plan Estratégico Ushuaia Sostenible, indicaron que la ciudad tiene capacidad para albergar hasta 130.000 habitantes si se aplican políticas de densificación. Con 740 habitantes por km2, la capital presenta una densidad sensiblemente menor a la de otras ciudades patagónicas como Bariloche, Comodoro Rivadavia o Río Gallegos, lo que refuerza la idea de consolidar lo existente antes que seguir expandiendo la mancha urbana.

El análisis de las cámaras subraya que es un contrasentido buscar más tierras cuando la ciudad actual todavía lidia con asentamientos informales, falta de servicios básicos en varios barrios y un relleno sanitario al borde del colapso. Sobre la problemática de la vivienda, el documento es tajante al afirmar que el conflicto real es la ausencia de créditos hipotecarios y la presencia de lotes ociosos dentro de la ciudad, por lo que prometer tierra nueva es solo "generar falsas expectativas" en la comunidad.

El ecosistema local también está en el centro del debate, ya que la ampliación afectaría directamente a turberas, humedales y bosques nativos fundamentales para las cuencas hídricas. Las instituciones advirtieron que el mapa trazado en el proyecto sigue líneas geométricas de paralelos y meridianos, ignorando la geografía real del territorio. Esto ya está provocando problemas en zonas como la Ruta J, donde el crecimiento sin reglas claras derivó en construcciones que carecen de servicios mínimos.

Finalmente, el sector privado alertó sobre el vacío normativo que generaría la derogación de la Ley 597, tal como propone la iniciativa. Al eliminar esta protección, las decisiones sobre el uso de la tierra quedarían bajo una discrecionalidad que pone en jaque la seguridad jurídica y los activos estratégicos que sostienen la economía local. El llamado a los legisladores es frenar el tratamiento para abrir un debate público real con la participación de universidades y colegios profesionales.