Durante una entrevista en FM Aire Libre, los operarios José López y Daniel Oroz describieron la situación que viven desde hace semanas tras el abandono de la empresa y la falta de definiciones sobre la continuidad de la actividad.
Según relataron, al llegar a la sede legislativa no lograron ser recibidos por los representantes provinciales. “Lamentablemente no había legisladores presentes. La única que estaba en el edificio era la legisladora Natalia Gracianía, pero tampoco nos quiso atender. No sé si tienen miedo, la verdad no sé para qué la votamos si no se ponen a la altura de las circunstancias”, expresó López.
Los trabajadores señalaron que la situación económica se vuelve cada vez más compleja debido a la falta de pago de salarios y la ausencia de respuestas sobre el futuro de la empresa. “Cada día es crítico para cada uno de nosotros. Un día estábamos afuera de la fábrica, al otro día la tomamos, y si es necesario salir a tomar otra cosa lo vamos a tener que hacer, porque necesitamos una solución”, advirtió Oroz.
En ese contexto, los operarios remarcaron que el objetivo principal es poder recuperar su fuente laboral y retomar la producción. “Nosotros necesitamos nuestra fuente de trabajo. No queremos vivir de lo que nos donen, queremos nuestro puesto de trabajo”, señalaron.
Los trabajadores también indicaron que dentro de la planta existen herramientas que permitirían volver a producir si se encuentra una alternativa que habilite la actividad. “Lo que es kit de producción no tenemos nada, pero sí están las herramientas para poder trabajar. La fábrica está en condiciones de producir si aparece una alternativa”, afirmaron.
Además, adelantaron que convocaron a representantes políticos de la provincia para participar de una reunión en la planta el próximo viernes a las 11, con el objetivo de debatir posibles soluciones al conflicto y avanzar en alternativas que permitan sostener los puestos de trabajo.
Mientras tanto, el panorama continúa siendo incierto para los trabajadores de Aires del Sur, que esperan definiciones tanto en el plano político como judicial que permitan garantizar la continuidad laboral de más de 140 familias en Río Grande.