A través de una nota oficial fechada el 16 de marzo de 2026, dirigida al Colegio Público de Abogados, la magistrada informó que las medidas se adoptan tras episodios ocurridos en la mesa de entradas del tribunal, donde —según se detalla— se registraron presentaciones espontáneas de personas en estado de exaltación o acompañadas por medios de comunicación.

El cambio más significativo es que ya no se atenderá a personas que no concurran con abogado, estableciendo como requisito obligatorio la presencia de un letrado para realizar consultas o planteos ante el juzgado.

En ese sentido, el documento indica que quienes no cuenten con representación legal deberán dirigirse al Colegio Público de Abogados, donde se les asignará un profesional. Hasta entonces, deberán aguardar fuera del ámbito del tribunal.

Desde el juzgado argumentaron que la medida busca “preservar el orden del servicio de justicia” y garantizar condiciones de seguridad tanto para el personal judicial como para los ciudadanos, además de asegurar un trato igualitario.

Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos, ya que implica una limitación en el acceso directo a la Justicia, especialmente en un fuero sensible como el de familia, donde muchas personas suelen presentarse sin patrocinio legal en situaciones urgentes.

Las nuevas disposiciones tienen carácter inmediato y regirán hasta que el Superior Tribunal de Justicia establezca un protocolo institucional en materia de seguridad y atención.

La resolución se conoce pocos días después de un episodio de fuerte carga emocional en ese mismo juzgado, donde una familia reclamó avances en una causa y una mujer terminó descompensándose en los pasillos del edificio, reflejando el nivel de tensión que atraviesan algunos casos judiciales en la ciudad.