La investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA entró en una nueva fase de alta tensión política e institucional. La difusión de pruebas que vinculan directamente al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el entramado de la operatoria cripto, reactivó la ofensiva de la oposición y volvió a colocar el caso en el centro de la agenda pública.

El eje del giro en la causa está en un elemento clave: los registros de llamadas telefónicas entre el mandatario y el operador cripto Mauricio Novelli, producidas en las horas previas y posteriores al tuit del 14 de febrero de 2025 en el que el jefe de Estado promocionó el token $LIBRA como una herramienta de inversión para pymes.

De la negación al cuestionamiento directo

Hasta ahora, la defensa pública del Presidente se apoyaba en una idea central: desconocimiento del proyecto y carácter “no intencional” de la promoción. Sin embargo, las nuevas evidencias erosionan ese argumento.

Desde la oposición sostienen que la existencia de múltiples comunicaciones con Novelli contradice esa versión. Para el diputado Juan Marino, las llamadas “confirman que Milei estaba al tanto” y que su participación no fue marginal sino parte de una secuencia coordinada.

En la misma línea, Maximiliano Ferraro calificó el caso como una “estafa millonaria ejecutada con premeditación” y fue más allá al señalar que el Presidente habría sido un “partícipe necesario” en la operatoria.

La clave: una secuencia sincronizada

Uno de los elementos más sensibles incorporados al debate es la reconstrucción temporal del lanzamiento del token. Según detalló la diputada Sabrina Selva, los hechos se desarrollaron con una precisión que alimenta las sospechas:

• Creación del token

• Generación del pool de liquidez minutos después

• Primeras compras con información privilegiada

• Publicación del tuit presidencial casi en simultáneo

Para la oposición, esta secuencia evidencia una “sincronización casi perfecta” que descarta la improvisación y sugiere coordinación previa entre actores del ecosistema cripto y el entorno presidencial.

El foco sobre la Justicia: pedido de apartamiento de Taiano

El otro frente que se abre con fuerza es el judicial. Legisladores opositores anunciaron que pedirán el apartamiento del fiscal Eduardo Taiano, a quien acusan de haber entorpecido la investigación.

La denuncia será presentada ante el Ministerio Público Fiscal bajo la figura de posible “encubrimiento”, en un movimiento que busca acelerar una causa que, según sostienen, no avanzó al ritmo de la gravedad de los hechos.

Este punto marca un cambio relevante: ya no sólo se discute la responsabilidad política del Gobierno, sino también el desempeño de los órganos encargados de investigar.

Presión política y pedidos de explicaciones

En paralelo, la oposición avanzará con una batería de medidas institucionales:

• Pedido de informes al Poder Ejecutivo

• Interpelación de funcionarios clave

• Posible reactivación de la comisión investigadora en Diputados

Entre los nombres que deberán dar explicaciones figuran, además del Presidente y su hermana, el asesor Santiago Caputo y el funcionario Demian Reidel, mencionados en las investigaciones periodísticas.

También se analiza la citación del vocero presidencial Manuel Adorni en su rol de jefe de Gabinete.

Un caso que escala en gravedad institucional

Más allá de las responsabilidades individuales, el caso $LIBRA comienza a ser leído en clave institucional. La posible utilización de la investidura presidencial para influir en una operatoria financiera privada es uno de los puntos más delicados.

A esto se suma el impacto reputacional: legisladores advirtieron que la situación compromete la credibilidad del país y su sistema político.

El escenario que viene

Aunque sectores de la oposición vuelven a mencionar la posibilidad de un juicio político, reconocen que hoy no cuentan con los votos necesarios para impulsarlo. Sin embargo, el cambio en el escenario probatorio abre una nueva etapa.

La estrategia parece clara: acumular evidencia, aumentar la presión política y forzar definiciones tanto del Gobierno como de la Justicia.

En ese contexto, el “Criptogate” deja de ser un episodio aislado para transformarse en un caso testigo sobre los límites entre poder político, mercados digitales y responsabilidad institucional en la Argentina actual.