USHUAIA.- En medio de la profunda crisis en la que se encuentra el organismo, la Fiscalía de Estado denunció a los directivos de la Obra Social del Estado Fueguino tras ratificar la gravedad de las maniobras administrativas realizadas en torno al "Fondo Específico para Enfermedades de Alto Requerimiento". Este fondo, blindado por la Ley Provincial 1596, fue creado con el objetivo único de garantizar medicamentos e insumos para tratamientos de alto costo y enfermedades catastróficas. Sin embargo, mediante las Resoluciones de Presidencia 170 y 171 del corriente año, la titular del ente dispuso el traslado de $937.119.449,74 a una cuenta de libre disponibilidad.

La auditoría interna reveló que estos movimientos se realizaron para intentar paliar el déficit financiero, pagando a proveedores que no guardaban relación con las patologías críticas que el fondo debe proteger por normativa. El Fiscal de Estado subrayó en el Dictamen N° 05/26 que estas decisiones constituyen una violación directa a la ley vigente, ya que el carácter de "específico" de esos recursos impide que sean utilizados para el funcionamiento administrativo o para cancelar deudas de la tesorería general de la institución.

Un punto determinante en la investigación fue el testimonio de agentes de la propia OSEF y los informes de la Contaduría General, los cuales señalaron que la farmacia no presentaba un desabastecimiento que justificara una "emergencia" para vulnerar la ley. Al contrario, el análisis técnico sugiere que los problemas de provisión responden a una gestión deficiente en la cadena de pagos y no a la falta de estos fondos, los cuales permanecían resguardados para su fin específico hasta el momento del desvío.

La denuncia penal encuadra la conducta de los responsables en los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscalía argumenta que, al vaciar la cuenta destinada a pacientes con cuadros delicados, se puso en riesgo la continuidad de tratamientos vitales para un sector extremadamente vulnerable de los afiliados en toda la provincia.

El Fiscal de Estado ordenó remitir copia certificada de todo lo actuado al Gobernador Gustavo Melella, a la Legislatura Provincial y al Tribunal de Cuentas. Con esta medida, se busca que la justicia penal determine las sanciones correspondientes para la actual conducción, mientras los órganos de control evalúan la situación ante la fragilidad institucional que atraviesa la entidad asistencial de los trabajadores estatales.