En declaraciones a FM Provincia, el letrado consideró que el manejo del litigio evidenció fallas básicas en el planteo jurídico. “Es una desprolijidad”, afirmó, al referirse a la forma en que se inició la demanda y al desarrollo posterior del proceso.

La Corte como instancia obligada

Aciar explicó que el conflicto, al tratarse de una disputa entre una provincia y el Estado Nacional, debía tramitar desde el inicio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Una provincia no puede resolver una cuestión de su propio interés con un juez de su propia provincia, ni el Estado Nacional con la justicia federal local. Esto debe ir directamente a la Corte”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el dictamen del Procurador General no hizo más que confirmar un criterio jurídico básico y previsto en la Constitución Nacional.

“Cuando se trata de una provincia contra el Estado Nacional, el juicio empieza y termina en la Corte. No es una cuestión opinable”, agregó.

Críticas a la estrategia procesal

El abogado también cuestionó la decisión de avanzar con presentaciones paralelas, como la cautelar impulsada por el titular de Puertos, Roberto Murcia, y consideró que ese tipo de maniobras carecen de sentido.

“No puede haber dos juicios iguales. Se van a unificar y va a haber una sola sentencia”, explicó.

A su entender, la multiplicación de acciones judiciales no solo resulta innecesaria, sino que refleja falta de coordinación y criterio jurídico.

“Todo esto es estéril, no tiene mucho sentido”, remarcó.

El rol del Fiscal de Estado

Uno de los puntos más críticos del análisis de Aciar fue el desempeño del Fiscal de Estado, a quien la Constitución provincial le asigna la representación de los intereses de la provincia.

“El fiscal de Estado debe intervenir, no es una opción. Es una obligación constitucional”, señaló.

En ese marco, cuestionó tanto la decisión del Ejecutivo de iniciar la causa sin su participación como la posterior excusación del propio organismo.

“No se puede excusar un órgano. Las excusaciones son personales. El fiscal, al tomar conocimiento, debía intervenir igual”, explicó.

Una oportunidad perdida

Aciar planteó además que existía una alternativa más ordenada desde el punto de vista jurídico: desistir del proceso iniciado y volver a presentarlo correctamente ante la Corte Suprema.

“Este juicio debió desistirse y empezarse de nuevo en la Corte, con la intervención del fiscal de Estado”, indicó.

Según explicó, esa decisión no implicaba costos procesales y habría permitido encauzar el conflicto de manera más sólida desde el inicio.

Un problema institucional

Más allá de lo estrictamente jurídico, el abogado advirtió sobre las consecuencias institucionales del conflicto y la falta de coordinación entre los actores involucrados.

“La provincia no se merece esto”, expresó, al cuestionar la falta de articulación entre el Ejecutivo y la Fiscalía.

Para Aciar, el problema central no es solo legal, sino también político e institucional: “La Constitución obliga a que cada organismo cumpla su rol. Si no se ponen de acuerdo, la provincia queda mal defendida”.