El conflicto afecta a más de 540 retirados, quienes denuncian que desde hace meses no perciben la totalidad de sus haberes. Según explicaron, actualmente sólo cobran una parte de sus ingresos, mientras que el resto —correspondiente a la caja previsional provincial— permanece adeudado, generando una situación económica cada vez más crítica.

En ese contexto, un grupo de familiares y retirados se instaló en la Ciudad de Buenos Aires para desplegar una agenda institucional que incluyó presentaciones en la Cámara de Diputados y el Senado, además de gestiones ante organismos nacionales. El objetivo es claro: romper el cerco provincial y exponer el conflicto a nivel país.

“Necesitamos que esto se conozca fuera de la provincia. Llevamos meses reclamando sin respuestas y la situación es cada vez más difícil”, señalaron desde el grupo.

Un conflicto que escala

Los ex policías sostienen que el recorte o incumplimiento en el pago de haberes responde a decisiones administrativas de la provincia que, aseguran, contradicen leyes vigentes y acuerdos previos entre Nación y Tierra del Fuego.

En particular, remarcan que muchos de los efectivos iniciaron su carrera cuando el distrito aún era territorio nacional, bajo un régimen especial que contemplaba compensaciones por zona desfavorable. Ese esquema —afirman— fue garantizado tras la provincialización, pero hoy no se estaría cumpliendo.

“Nos están pagando sólo una parte del haber. El resto fue suspendido sin explicación clara y sin respetar la normativa vigente”, indicaron voceros del reclamo.

Impacto social y sanitario

La falta de pago tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de las familias. Entre los casos más urgentes mencionan a adultos mayores con enfermedades graves, personas que requieren tratamientos médicos fuera de la provincia y hogares que ya no pueden afrontar gastos básicos.

Además, advierten que la situación podría repetirse en el futuro para el personal actualmente en actividad. “Esto no es un problema aislado. Si no se resuelve, quienes hoy aportan al sistema previsional van a atravesar lo mismo”, alertaron.

Sin respuestas y con vía judicial abierta

El reclamo también avanza por la vía judicial, aunque sin resultados concretos hasta el momento. Según explicaron, existen presentaciones en curso, pero los tiempos de la justicia no acompañan la urgencia de las familias afectadas.

Mientras tanto, cuestionan la falta de definiciones políticas a nivel provincial y la ausencia de autoridades de la caja previsional en las instancias de diálogo.

“La situación es insostenible. No estamos pidiendo un beneficio, estamos reclamando lo que nos corresponde por años de servicio”, remarcaron.

Búsqueda de visibilidad nacional

Frente a este escenario, la estrategia cambió: salir del ámbito local y buscar respaldo en la agenda nacional. Las reuniones con legisladores, la presencia en medios y el contacto con organismos buscan presionar para que el conflicto encuentre una solución.

“Somos cientos de familias atravesando una situación límite. Necesitamos respuestas urgentes”, insistieron.

Por ahora, el conflicto sigue abierto y sin resolución. Pero con el reclamo instalado en el Congreso, los retirados policiales apuestan a que la visibilidad nacional acelere una respuesta que, en la provincia, aún no llega.