USHUAIA.- La inminente transferencia de los yacimientos que operaba YPF hacia la jurisdicción provincial despertó cuestionamientos por la falta de certezas jurídicas que rodea el proceso. El abogado riograndense Francisco Giménez manifestó en una nota brindada a FM Compromiso que el escenario actual para las pequeñas y medianas empresas locales es de una total incertidumbre, debido a que todavía no se establecieron canales de diálogo claros por parte de la operadora estatal Terra Ignis ni de las autoridades provinciales.

En este marco, se estima que están en juego alrededor de 450 puestos de trabajo directos vinculados a contratos que manejan cifras de gran relevancia en moneda extranjera. La inquietud principal reside en el pasivo millonario que las firmas deberían afrontar si no se resuelven los reclamos pendientes, una carga económica que podría derivar en la quiebra de las prestadoras de servicios que invirtieron históricamente en la isla.

Uno de los puntos más sensibles de la negociación tiene que ver con la situación del personal, ya que en los acuerdos recientes no se incluyeron precisiones sobre la antigüedad ni las posibles indemnizaciones de los trabajadores de las pymes. Esta situación contrasta con el esquema aplicado por YPF para su propia planta, donde la petrolera de bandera garantizó que su gente sea indemnizada y sea traspasada a la nueva estructura, aunque sin reconocer los años de servicio anteriores.

A este panorama se suman las deudas generadas por las redeterminaciones de costos que, según denuncian los prestadores, siempre se fijaron por debajo de los valores reales del mercado. Estos reclamos, que las empresas mantuvieron frente a YPF durante todo el vínculo contractual, permanecen hoy sin resolución y amenazan con trasladarse como un lastre financiero para el nuevo esquema de explotación que pretende iniciar la provincia.

Respecto a la capacidad financiera de la nueva operadora, los críticos sostienen que los 28 millones de dólares previstos en el contrato resultarán insuficientes para cubrir la magnitud de los compromisos pendientes. Por otro lado, lamentan que hasta el momento no exista una comunicación operativa mínima que defina cómo se facturará o de qué manera se desarrollarán los servicios en la nueva etapa, lo que profundiza la sensación de improvisación en la gestión.

Finalmente, el análisis del sector describe un horizonte desalentador para el empresariado local a pesar de algunas gestiones oficiales que no lograron llevar tranquilidad a las mesas de negociación. La demanda hacia el Gobierno apunta a que se deje de lado la preocupación teórica para empezar a resolver las falencias de un traspaso que, por ahora, deja más dudas que certezas para el desarrollo hidrocarburífero fueguino.