La polémica por la modificación de la ley de acuicultura en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo judicial. El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, presentó una acción ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la norma que habilita la instalación de salmoneras en la provincia.

El planteo no sólo cuestiona el contenido de la ley, sino especialmente la forma en que fue sancionada, un punto que desde su tratamiento generó fuertes controversias dentro y fuera de la Legislatura.

 “SE HICIERON TRAMPAS”

Villegas fue contundente al referirse al proceso legislativo y aseguró que la norma fue aprobada “haciendo trampas” y en violación a las reglas institucionales.

Según sostuvo, este tipo de prácticas no sólo afectan el funcionamiento democrático, sino que tienen consecuencias concretas sobre la vida de los fueguinos. “Cuando se sancionan leyes sin respetar las reglas de juego, se debilita la institucionalidad y se envía un mensaje negativo a quienes podrían invertir en la provincia”, afirmó.

En esa línea, advirtió que la falta de transparencia y previsibilidad genera inseguridad jurídica, un factor clave que impacta directamente en la llegada de inversiones y en la generación de empleo.

UNA LEY MARCADA POR LA POLÉMICA

La modificación de la normativa que originalmente prohibía la salmonicultura en Tierra del Fuego se convirtió en uno de los debates más tensos del año legislativo 2025.

La iniciativa impulsada por el gobierno de Gustavo Melella avanzó en medio de fuertes cuestionamientos por parte de distintos sectores políticos, sociales y ambientales.

El punto más crítico estuvo en el tratamiento legislativo:

• reuniones de comisión cuestionadas

• cambios en el procedimiento

• dictámenes emitidos en medio de denuncias internas

Finalmente, la ley fue aprobada por un margen mínimo, lo que profundizó el clima de tensión y dejó abierta la puerta a su judicialización.

EL IMPACTO EN LA SEGURIDAD JURÍDICA

Para Villegas, el eje central del problema no es solo la actividad que se busca habilitar, sino la forma en que se toman las decisiones.

“El respeto a los procedimientos no es un formalismo. Es una condición indispensable para el desarrollo económico sostenible”, remarcó.

Y agregó: “La seguridad jurídica es un pilar fundamental para el crecimiento y el progreso de nuestra gente”.

Desde esta perspectiva, el legislador advirtió que avanzar con normas cuestionadas puede terminar generando el efecto contrario al buscado: en lugar de atraer inversiones, las aleja.

La presentación judicial de Pablo Villegas reabre un debate que está lejos de cerrarse. No solo pone en discusión la validez de la ley, sino también la calidad institucional del proceso legislativo en la provincia.

“Cumplir la palabra empeñada es importante, pero aún más lo es defender el respeto absoluto a las instituciones. Sin reglas claras no hay desarrollo posible”, concluyó.

Mientras tanto, la causa ahora queda en manos de la Justicia, que deberá definir si la polémica ley de salmoneras fue producto de un proceso válido o si, como denuncia el legislador, su sanción estuvo viciada desde el origen.