La iniciativa, impulsada entre otros por el concejal Jonatan Bogado, surge en un contexto marcado por fallos judiciales y cambios en la realidad económica local. “Había una ordenanza que prohibía, pero la Justicia determinó su inconstitucionalidad. No se podía prohibir, había que regular”, explicó el edil en FM del Pueblo.
La normativa aprobada no crea un nuevo sistema de transporte, sino que regula uno que ya funciona en la práctica. “Uber no es un nuevo sistema, es una empresa que intermedia entre pasajero y conductor”, sostuvo Bogado, al remarcar que tanto taxistas como remiseros podrán continuar utilizando la aplicación.
En ese sentido, el objetivo central es equiparar condiciones y evitar desigualdades. La ordenanza fija requisitos similares a los del transporte tradicional: carnet profesional, seguro obligatorio, condiciones de seguridad en los vehículos y controles municipales.
Además, se estableció un límite inicial de 800 vehículos habilitados, con unidades de hasta 10 años de antigüedad, buscando garantizar estándares mínimos de seguridad y calidad del servicio.
Uno de los puntos clave del debate fue la seguridad de los pasajeros. Según explicó el concejal, la medida responde también a reclamos de usuarios y conductores. “Había autos muy viejos que no estaban en condiciones. Por eso fijamos requisitos básicos para garantizar la seguridad”, indicó.
Entre las exigencias se incluyen elementos obligatorios como seguro para transporte de personas, condiciones mecánicas adecuadas y equipamiento de seguridad, en línea con lo que ya se exige a taxis y remises.
Más allá de la regulación en sí, el debate dejó expuesto un contexto social complejo. “Estamos viviendo una tragedia en términos laborales”, afirmó Bogado, quien vinculó el crecimiento de estas plataformas con la pérdida de empleo en la ciudad.
En ese marco, el edil planteó que la expansión de aplicaciones como Uber responde a la necesidad de generar ingresos en un escenario económico adverso, aunque advirtió sobre la precarización laboral. “Hoy no hay límites de horas de trabajo y eso desprotege a los trabajadores”, señaló.
Desde el Concejo Deliberante remarcaron que se trata de una primera etapa, sujeta a futuras modificaciones según evolucione la demanda y el funcionamiento del sistema.
Con esta ordenanza, Río Grande busca equilibrar innovación, seguridad y condiciones laborales, integrando formalmente a Uber dentro del esquema de transporte urbano y poniendo fin a años de vacío legal en torno a las plataformas digitales.